Las más de 13.000 propuestas de sanción que han formulado la Policía Nacional y la Guardia Civil contra ciudadanos que se saltaron el confinamiento desatarán un aluvión de recursos en los juzgados ante las dudas crecientes entre juristas sobre su legalidad.
Por el momento, la mayoría de estas multas están pendientes de que las tramite la Delegación del Gobierno, que es el organismo que sanciona y que ha tramitado medio millar en todo el archipiélago, las que se corresponden con los casos más graves y claros que implican que un ciudadano ha desobedecido un requerimiento expreso formulado por un agente.
De ahí el temor en círculos judiciales de que estas sanciones terminen en una jurisdicción que ya tiene serios problemas de saturación en las Islas, al menos para aquellas multas que se impongan por incumplir de forma genérica el confinamiento sin que haya habido antes una orden expresa formulada por un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El profesor de Derecho Administrativo de la UIB y miembro del Consell Consultiu, Felio Bauzá, señala que el Real Decreto que establece el estado de alarma no fija un cuadro de sanciones, sino que remite para ello, a la Ley Orgánica que regula el estado de alarma y de ahí, de forma genérica a «las leyes».