El consejo de ministros aprobó el martes un decreto-ley de medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras el covid-19 que plantea dudas sobre su ejecución. No concreta cuando se producirá ni se contempla en las fases de desescalada, tampoco está clara la realización de los autos judiciales por vía telemática y medidas de seguridad en las vistas orales que deben extenderse durante tres meses una vez finalizado el estado de alarma.
Los diferentes juzgados se van a ver superados por la entrada de asuntos, sumados a los que ya estaban en tramitación y quedaron suspendidos, como es el caso del juzgado social de Menorca, el que se va a ver más afectado en la Isla.
Apenas se han celebrado juicios, salvo los urgentes, el personal se ha visto reducido a su mínima expresión en las sedes judiciales y actualizar la situación requerirá mucho tiempo, aunque en los siete juzgados de Menorca solo se prevé una acumulación preocupante en los asuntos de lo social. El juzgado, que dirige el magistrado juez Sergio Martínez Pascual, gestiona anualmente unos 520 asuntos, de los 800 que se considera la cifra ordinaria. Una vez recobrada la nueva normalidad, la cifra podría rondar en torno a los 1.000 asuntos, admite el titular a este diario.
Violaciones de derechos fundamentales, despidos, Ertes, conciliaciones familiares, reclamaciones a la Seguridad Social y en general, demandas individuales contra las empresas, por cualquier motivo van a amontonarse en la sede judicial. Será necesario reseñalar juicios suspendidos, reprogramar las agendas, y sumar las numerosas demandas que van a entrar una vez se levante el estado de alarma, considerando además que todos los plazos de los trámites quedaron suspendidos y comenzarán de cero.
Las medidas aprobadas por el Gobierno para la recuperación de la actividad judicial contemplan que los funcionarios se dividan en turnos de mañana y tarde, pero incluyen una reducción de su jornada laboral que puede ser de una hora, para que haya menos coincidencia de personal en las oficinas y evitar contagios. Así mismo se decreta como hábiles en los ámbitos judiciales que no lo eran los días comprendidos entre el 11 y el 31 de julio. Los funcionarios podrán ser redistribuidos, según las necesidades, a otras sedes dentro de la misma localidad.
«El problema no son los funcionarios, sino es el juez», señala el magistrado, Sergio Martínez, que es el único que resuelve los asuntos y dicta las elaboradas sentencias considerando que cada una lleva su tiempo pese a que haya acuerdo entre las partes.
El titular del juzgado social de Menorca realiza entre 45 y 50 juicios al mes, cuando en el último mes y medio solo ha hecho dos referidos a cuestiones expresamente urgentes. Normalmente una demanda puede derivar en el juicio en 45 o 60 días si es urgente, o en 4 o 5 meses si no lo es, por lo que ahora el plazo se doblará debido al colapso.
La junta del Colegio de Abogados de Balears califica como «un brindis al sol» el decreto del gobierno, porque es «imposible de ejecutar» si no se acompaña de medios materiales y humanos, indica.
Los siete juzgados de Menorca no están preparados para operar por vía telemática
La adaptación telemática para todos los actos procesales, como ha indicado el Consejo de Ministros en el Decreto ley, es otra de las preocupaciones de los jueces titulares de los juzgados de la isla, extensible al Tribunal Superior de Justicia de Balears. «A día de hoy no hay medios técnicos para hacer esta adaptación», señala Bartomeu Mesquida, magistrado juez de la Isla, decano y titular del Juzgado Penal. De hecho los juicios en los que se incluyen declaraciones por videoconferencia no siempre se desarrollan con fluidez por las interrupciones, por lo que menos puede preverse la multiconferencia digital para realizarlos en la actualidad.
Los asuntos del Penal podrán ir tramitándose con cierta agilidad una vez se levante el estado de alarma aprovechando quye se trata de uno de los que está más al día de la justicia española y las cifras de un año a otro no han variado en demasía este trimestre. Además la delincuencia ha descendido estos dos últimos meses por razones obvias y tampoco se han disparado los casos de violencia de género.
Josefa Juan, secretaria coordinadora del TSJB para Menorca y las Pitiüses, considera que la posible saturación del Social no será el mismo caso que en Eivissa., «los datos que tenemos no son alarmantes», indica a través del gabinete de comunicación. El TSJB, en todo caso, aguarda que el Ministerio detalle y desarrolle el Decreto ley para adecuarlo a la realidad de Balears con «recursos necesarios y facilidades para aplicarlo»