Los propietarios de ‘hortals', asentamientos en rústico de origen ilegal, aseguran que están viviendo una situación muy preocupante desde la aprobación de la Ley del Suelo en el año 2017. Denuncian que el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico está aplicando «con absoluto rigor» una normativa que ven «totalmente restrictiva y que implica «multas millonarias» y derribos de las nuevas reformas y construcciones, una actuación que consideran que «no es humana, ni política, ni socialmente acertada» teniendo en cuenta que son núcleos donde muchos ciudadanos tienen su primera residencia.
En un escrito que han hecho llegar a este diario, la Associació d'Hortals de Menorca corresponsabiliza a la administración de las ilegalidades cometidas en el pasado, cuando no existía normativa autonómica, por no haber parado la segregación a gran escala de los ‘llocs' y por su permisividad con las edificaciones que se iban construyendo sin amparo legal. También asumen la responsabilidad de los propietarios por construir a sabiendas de que no lo podían hacer. Y defienden que es el momento de que los políticos asuman su responsabilidad y «de llegar a un compromiso entre los propietarios y la administración» en busca de una salida para las más de 4.000 viviendas que están en esta situación.
Desde este colectivo consideran que el pago de multas que ve inasumibles no es la salida al problema, «ni protege la tierra», menos en un momento en que las familias afrontan una grave crisis económica.