Los bañistas que acuden a las playas urbanas de la Isla han ganado espacio para extender su toalla en este verano atípico, más corto y menos masificado en el que por el momento siete playas se han quedado sin el servicio de alquiler de tumbonas, sombrillas y aparatos de mar. Las normas derivadas de la pandemia, que obligan a guardar la distancia de seguridad y a extremar la limpieza, se han sumado a la reducción obligada de la temporada que no arrancó de facto hasta el pasado 1 de julio cuando comenzaron a llegar los turistas.
Estas circunstancias han llevado a los diferentes ayuntamientos a replantear los términos de la concesión a las empresas adjudicatarias de las autorizaciones temporales de explotación de elementos de temporada -hamacas, sombrillas y aparatos de mar, fundamentalmente- para tratar de adaptarla al recorte del tiempo de explotación y al espacio. Tanto la renuncia como la renegociación del canon supondrá una pérdida de ingresos fundamental para los ayuntamientos afectados al dejar de percibir en su totalidad o la mayor parte del importe de las licitaciones.
A pesar de la reducción del canon a abonar por las concesionarias las ha habido que han renunciado a prorrogar el contrato porque han considerado que en esta coyuntura no les iba a resultar rentable. Es el caso de las que tenían la explotación en tres playas de Ciutadella, Cala en Bosc, Cala en Blanes y Son Xoriguer, las de tres de Es Mercadal, Cala Tirant, el Arenal d'en Castell y Son Parc, aunque en este caso la decisión aún no sea definitiva, y la de Es Migjorn, Sant Tomás.
La alcaldesa de este municipio, Antonia Camps, admite que «es un golpe para nosotros porque dejamos de ingresar unos 100.000 euros, pero la empresa ha entendido que este año no iba a rentabilizar el trabajo». Influye el hecho de que Sant Tomàs haya perdido arenal lo que limita aún más la distribución de tumbonas y sombrillas de pago.
Todos los ayuntamientos han renegociado a la baja el canon para la concesión de estos servicios, en algunos casos hasta el 90 por ciento, como ha sucedido en el de Sant Lluís, o el 80 en Ciutadella, donde también se les ofreció rescindir el contrato sin penalización a las empresas que lo desearan. Las que continúan, además, podrán abonar la cantidad pactada a final de temporada.
Otros ayuntamientos, como el de Alaior han aceptado una propuesta algo más elaborada, presentada antes de que finalizara el estado de alarma por las empresas implicadas. Estas abonarán el resultado de una fórmula matemática que combina el número de turistas que visiten la Isla mes a mes, desde julio a octubre, el aforo y el espacio disponible.
Sr. Mejor Calladito: Me parece que la opinión pública está a mi favor, 32 votos contra 3. Y opine con su nombre y apellidos, ya que, al parecer, no tiene usted nada de qué avergonzarse.