El frente común de los ayuntamientos al «ataque a la autonomía local» con el que se recibió la propuesta del Ministerio de Hacienda de disponer de los remanente municipales bloqueados por la ley Montoro se ha roto al publicarse ayer el Real Decreto Ley. Los municipios están atrapados en el dilema de tener unos 75 millones bloqueados en sus cuentas corrientes o cedérselos a la Administración central a cambio de poder utilizar de forma inmediata el 35 por ciento de esos fondos para financiar «actuaciones en las áreas de agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura».
Ningún ayuntamiento quiere hacer de banquero del Estado porque esa es la situación contraria a la lógica y ninguno quiere tampoco que le limiten la utilización de recursos propios. El Gobierno propone que le transfieran la totalidad de los remanentes en condiciones de préstamo. La puesta a disposición del Ministerio de Hacienda ha de materializarse mediante un compromiso por parte de los municipios antes del 15 de septiembre.
Eso supone que los municipios disponen de 40 días para tomar una decisión que les ha sumido a todos en la disyuntiva de ceder o no ceder, con poco beneficio en un caso y nulo en el otro.
El asunto fue tratado en una reunión de la Felib el martes para valorar el documento que la FEMP ha aprobado, lo que supuso dar viabilidad a la propuesta. En el seno de la federación balear de entidades locales hubo más diferencias que encuentros, unos alcaldes consideraron que la propuesta es buena y otros la rechazaron, pero todos coincidieron en rechazar las formas de la FEMP, «que no han gustado», en palabras del presidente de la Felib, Antoni Salas.
Conxa Juanola, que asistió por vídeoconferencia, señala que hubo muchas coincidencias independientemente del color político de cada cual. Una de ellas es la que clama por la derogación de la ley Montoro y otra la reivindicación de la autonomía municipal. Sobre el documento en sí, «algunos alcaldes se mostraron absolutamente contrarios y otros admiten que tal como está la Administración tras la pandemia es la única salida posible», resume la representante de Maó.
En el encuentro se plantearon algunas cuestiones de relieve como lo que implicará para aquellos ayuntamientos que no tienen remanente en sus cuentas o el temor de que haya ayuntamientos de primera y de segunda en función de la adhesión o no a la medida planteada por el Gobierno de España. «Para nosotros, con un ayuntamiento saneado es clave poder utilizar el remanente, pero si no te dejan hacer uso de esos fondos será más beneficioso acogerse a la propuesta del Ministerio», reflexiona Juanola.
«Este año acabaremos con una merma en los ingresos y tendremos más gasto de acción social. Si nos desprendemos del remanente a lo mejor nos obligan a pedir un préstamo al banco ahora que tenemos deuda cero», argumenta José Luis Benejam.