La crudeza del invierno que se avecina va a disparar la demanda de ayuda en todos los servicios sociales de las instituciones menorquinas, tanto ayuntamientos como Consell. La prioridad gira en torno a la vivienda por la caída de ingresos que van a sufrir muchas familias en riesgo de exclusión social al no haber podido trabajar durante la temporada estival por mor de los efectos de la pandemia.
Bajo esta preocupante perspectiva, el ente insular ya ha alertado a los Consistorios sobre la urgencia que puede plantear una situación generalizada de desamparo entre los más necesitados que queden sin techo. Se hace necesaria, entonces, una coordinación entre instituciones, Caritas y Cruz Roja para evitar que nadie quede en calle.
Para este tipo de situaciones, en principio provisionales, existen dos casas de acogida municipales en Maó y Ciutadella, que muy probablemente van a verse saturadas en los próximos meses por los motivos referidos, de hecho la de Maó ya estaba llena ayer. La coyuntura se agrava por los protocolos de las normas contra la covid-19. La capacidad de los dos alojamientos para la gente sin recursos mantiene limitado sus aforos. La de Maó, situada en la calle des Negres, para 14 personas, solo puede alojar a 8 en la actualidad, y la de Ciutadella, para 10 personas, a 5.
La consellera de Bienestar Social del Consell, Bàrbara Torrent, intervino en la junta de alcaldes celebrada el pasado jueves para pedir una reflexión a los primeros ediles sobre la necesidad de que aumenten los recursos que destinan a sus servicios sociales en la elaboración de sus presupuestos para el próximo año. «No se trata exclusivamente de recursos económicos sino también en plazas de acogida».
Torrent planteó la conveniencia de tener dispuestas alternativas para el caso de que las casas de acogida de Maó y Ciutadella cubran todas sus plazas. Dado que, en ocasiones, los ocupantes también proceden de otros municipios de la Isla es por lo que la consellera puso sobre la mesa la necesidad de buscar alternativas coordinadas y tenerlas previstas para dar respuesta a la demanda no necesariamente en las dos ciudades mayores de la Isla.
Las soluciones pueden pasar desde el alquiler de algún otro inmueble o la reserva en un hostal hasta el posible traslado de alguna de las viviendas de acogida a otro edificio disponible que tenga mayor capacidad cumpliendo las restricciones de la normativa covid-19, considerando que de esta forma no sería necesario duplicar el personal que trabaja en ellas.
Las dos casas de acogida de la Isla, como centros de servicio esencial de baja exigencia -no pueden acoger a personas con adicciones o problemas de salud mental salvo situaciones excepcionales- están disponibles para los usuarios en horario de 20.30 a 9 de la mañana y de 14 a 16. En 2019 tuvieron un coste conjunto de 324.808 euros. Los dos municipios responsables ya han planteado al Consell que deberían ser un servicio insular y como tal gestionado y tutelado por la primera institución.