La falta de partida en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 para la construcción de la nueva sede judicial de Ciutadella motivó ayer que la alcaldesa del municipio, Joana Gomila, pidiese explicaciones al Ministerio de Justicia, desde donde aseguran que el proyecto sigue adelante, aunque en el año 2021 no está previsto el inicio de las obras. El próximo ejercicio se reserva para terminar los trámites burocráticos que están en marcha (la aprobación del estudio de detalle y de la cesión demanial) y para la redacción del proyecto ejecutivo. Cabe recordar que los presupuestos sí contemplan una partida para este 2020 de 50.000 euros.
Es a partir del año 2022 cuando el Gobierno tiene previsto el inicio de las obras, con una partida de tres millones de euros, según se refleja en el programa de inversiones plurianuales. No obstante, a tenor de la información trasladada al Consistorio, en el caso de que esos trámites y la redacción del proyecto se adelantasen a finales del año 2021, el Ministerio de Justicia podría echar mano de otras partidas genéricas para empezar los trabajos de construcción.
Persiste la duda sobre el coste que tendrá el proyecto. Si se atiende a lo escrito en el proyecto de presupuestos, este ascendería a más de nueve millones de euros. La alcaldesa aseguró que desconoce en estos momentos cual será el importe, pero advierte que el nuevo edificio estará dimensionado a futuro y no solo para los tres juzgados existentes en estos momentos en la ciudad de Ponent.
Por otra parte, el PSOE y Més per Menorca mostraron ayer grandes diferencias en la interpretación de las cuentas planteadas por Pedro Sánchez. Los primeros defendieron que presentan «la mayor inversión social de la historia» y que están «a la altura del momento delicado que estamos atravesando». Los segundos cargaron con dureza contra unos presupuestos que vuelven a dejar Balears a la cola de la inversión estatal: «Si a eso añadimos que hay que aportar 450 millones del fondo de solidaridad interterritorial, la situación se vuelve dramática». La formación nacionalista denuncia que Balears sufre un «expolio gobierne quien gobierne en Madrid» y abogan por un concierto económico que permita recaudar y gestionar los fondos.