El Ayuntamiento de Sant Lluís ha dado carpetazo a derechos de cobro por prescripción (porque han pasado cinco años desde que se generó ese derecho) o porque, por decisión de Alcaldía, han sido dados de baja algunos recibos y no han sido cobrados.
El pleno de diciembre aprobó la anulación de los derechos de cobro de ejercicios de hace más de un lustro, de los que 621.000 corresponden a contribuciones especiales. Desde 1994 se arrastraba una deuda de 197.000 euros, otros 164.000 derivan de obras realizadas en el año 2000 y 132.000 provienen de 2008.
Son las más significativas pero no las únicas, nueve años entre el 94 y el 2009 generaron cobros por el valor global citado sin que nunca llegaran a las arcas municipales. Las contribuciones especiales se imponen generalmente a los vecinos por obras hidráulicas, de saneamiento o de urbanización, lo cual podría sentar un precedente negativo para futuras aplicaciones por obras de la misma naturaleza.
Resulta difícil encontrar a estas alturas las obras a las que corresponden esas contribuciones, si alguien busca responsabilidades tendría que retrocer a las administraciones municipales de ese periodo. Este capítulo tendría que proseguir entre 2009 y 2015, que es el periodo en el que se genera el grueso de la deuda de la planta fotovoltaica de Binisafúller, que, según fuentes del Ayuntamiento, ha realizado su primer pago en diciembre de 2020 por el canon pendiente de los últimos cinco años, el único periodo exigible por no superar el plazo de prescripción.
Eso significa que habrá abonado al Ayuntamiento unos 160.000 euros, pero ha eludido el pago de más de 300.000 de los años anteriores a 2016.