La creciente cantidad de trámites a los que tienen que hacer frente desde las áreas municipales de Urbanismo, algunas de ellas sin suficiente personal para tamaña sobrecarga de trabajo, está enterrando de papeleo a los técnicos, restando tiempo a las labores de inspección y retrasando la concesión de licencias, lo que lleva a algunos promotores a buscar atajos urbanísticos para sacar adelante sus proyectos. Lo denuncian los responsables de Urbanismo de municipios como Es Mercadal, Ciutadella y Alaior y lo subrayan también desde la demarcación menorquina del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears, que señalan principalmente a Maó, Ciutadella y Alaior como los municipios que están presentando más demoras para tramitar licencias de obra.
Muchos municipios no cuentan con una plaza de inspector de obra y la labor inspectora se la reparten los mismos funcionarios que deben atender multitud de trámites propios, como el informe de proyectos, la concesión de licencias, la participación en proyectos municipales, el asesoramiento y la asistencia a regidores, y también ajenas como es la obtención de las cédulas de habitabilidad por carencia o la regularización de edificios de régimen especial, estos últimos heredados por el Consell, además de abordar otras cuestiones como la presentación de alegaciones al PTI o el apoyo al Consorcio para la Legalidad Urbanística en expedientes abiertos en rústico.
«Todos estamos saturados, pero nos hemos saturado nosotros mismos», asegura Francesc Ametller, alcalde y responsable de Urbanismo de Es Mercadal, quien lamenta que muchos de esos trámites son «por necesidades del Consell» y señala que «todo ese volumen de papeleo hace que el trabajo normal no salga», en alusión a la labor inspectora, que se resiente.
En ese sentido, el presidente de la demarcación de Menorca del Colegio de Arquitectos, Enric Taltavull, afirma que «en estos momentos hay muchas infracciones urbanísticas que se podrían evitar si los plazos de la administración fueran más cortos». También las hacen más viables cambios normativos que en el camino hacia la agilización de trámites en el actual contexto económico permiten a los promotores presentar declaraciones responsables de inicio de actividad sin que haya una inspección de obra y comunicaciones previas. Dos de las infracciones más frecuentes, comunicar una obra menor que luego resulta ser mayor o saltarse lo dictado en las licencias para luego proceder a presentar un proyecto de legalización.
«Nosotros tenemos tres arquitectos y dos arquitectos técnicos que se encargan también de hacer las inspecciones. En estos momentos van muy sobrecargados de trabajo», lamenta Pere Fiol, concejal de Urbanismo de Ciutadella, quien señala a esa vías de aceleración burocrática como el decreto ley 8/2020 para enfatizar que «hacer una declaración responsable falsa puede ser delito». Asegura que revisan todas esas comunicaciones pero que «siempre te pueden colar alguna, hay mucha pillería». Uno de los problemas con los que se encuentran los municipios es que «estamos atados a la hora de contratar más personal», dejando poco margen para un refuerzo estable de las plantillas.
El concejal de Urbanismo de Alaior, Critóbal Marqués coincide en que «ahora hacemos mucho más de lo que hacíamos hace unos años, como por ejemplo los expedientes de cédulas de habitabilidad, es una gran sobrecarga de trabajo». El área de Urbanismo de este municipio tiene una carga añadida, la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Ha recurrido a contrataciones externas y parciales tanto para el plan general como para la tramitación de cédulas. Son diez personas en el área de Urbanismo y asegura que «nos gustaría ser más rápidos en resolver licencias» antes de defender que «si tardáramos menos habría menos infracciones».
El contrapunto lo dan municipios como Es Castell y Sant Lluís, donde aseguran que están consiguiendo ser ágiles en la tramitación. En el caso de Es Castell, su alcaldesa, Joana Escandell, recuerda que su municipio es el más pequeño en superficie de Menorca y que no soporta tantas cargas de trabajo. Por su parte, la alcaldesa de Sant Lluís, Carol Marqués, explica que «somos el pueblo que resuelve las licencias más rápido» y defiende que cada ayuntamiento en los últimos 15 o 20 años ha dimensionado estos departamentos. Explica que a principios de los 2000 dotaron la plaza de inspector y que «es rentable», algo que ahora no se podría hacer.
Por su parte, los arquitectos se ofrecen para colaborar con la administración –vía convenios como prevé la normativa– para poner en marcha mecanismos que agilicen estos departamentos fundamentales para el dinamismo económico de los municipios. Mantienen contactos todavía infructuosos con las administraciones insulares en un objetivo conjunto: agilizar los protocolos.