Hay razonadas denuncias sobre el funcionamiento de la administración que no estimulan reacción alguna entre sus responsables. Una de las más repetidas en los últimos años es la insoportable demora en la tramitación de las licencias de obras urbanísticas. En el Ayuntamiento de Ciutadella alcanza los 446 días y en Maó, 360, según datos de la Demarcación de Menorca del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears.
En el caso de Maó, se arrastra un expediente de 2013 que, si no se descarta en el análisis, iguala el promedio de dilación de Ciutadella, 449 días. En cuanto al número de licencias de obra mayor resueltas, el promedio mensual es de nueve licencias en ambos casos, tres licencias por técnico.
Los datos revelan que respecto al primer semestre del año pasado, que incluye el primer estado de alarma y el confinamiento, no se ha avanzado nada. En 2020 la media se situó en unas diez licencias por mes en los dos grandes municipios.
El seguimiento del colegio profesional incluye esta vez Alaior, si bien la referencia a este municipio se ciñe a 2020 por no disponer de actas recientes. La dilación en el trámite de las licencias en este caso es 287 días, con un promedio de dos al mes.
Más allá de la mayor o menor espera, la lectura del Colegio de Arquitectos se realiza desde el punto de vista de la eficiencia de la administración municipal en este trámite, «que es básico para el funcionamiento de un sector económico poco afectado por la pandemia», apunta Enric Taltavull.
Lo cierto es que también se resintió la construcción por la crisis de la covid, la ejecución de obras bajó un 40 por ciento respecto a la actividad de 2019, pero resistió mejor que otros sectores productivos y mantuvo su función tractor de la economía.
Apela a la Ley de Procedimiento Administrativo de 2015, que señala en su artículo 21 que tanto el personal al servicio de las administraciones públicas como los cargos políticos titulares de las mismas «son responsables del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo».
Alerta además de que en la situación actual, «los retrasos en la tramitación y la maraña normativa son el caldo de cultivo para la ilegalidad, sea en suelo urbano o rústico».
El Colegio de Arquitectos considera que es necesario reforzar los equipos humanos encargados de la tramitación de las licencias, «con claridad en sus funciones y organigrama». Ofrece su colaboración «para desarrollar aquellas funciones o trabajos que puedan aportar la revisión de aspectos formales y de contenido de los proyectos y que adelanten, bajo nuestra responsabilidad, tareas administrativas».
La Comisión de Alcaldes tiene en sus manos una propuesta para resolver en ese sentido.
Los arquitectos asumen también la crítica que ellos mismos reciben respecto a proyectos que son presentados en las oficinas municipales con la documentación incompleta, que luego es causa de mayor dilación. Para corregirlo, «hemos pedido al Consell que a través del PTI se exija que todos los proyectos básicos lleven el visado del Colegio, así al menos no faltará ningún plano», apunta Taltavull. No es la única propuesta, hay otra de crear una oficina urbanística del propio Coaib para agilizar los trámites.