El Govern balear cuenta desde el pasado 9 de mayo con la herramienta legal para someter a medidas profilácticas de prevención de la covid-19, incluida la vacunación obligatoria, a determinados colectivos, entre ellos los trabajadores sociosanitarios, pero aún no ha decidido hacerlo ni ha desarrollado el decreto que le faculta para ello. La situación no obstante ha cambiado desde mayo, el coronavirus vuelve a estar presente en las residencias de Menorca y queda cerca del 30 por ciento del personal sin inmunizar en la red de geriátricos. El centro de Santa Rita ha sido el primero golpeado por la nueva ola de contagios, que empezó disparando la incidencia en los jóvenes de 16 a 29 años pero que pronto se trasladó a los mayores, situando de nuevo al colectivo en riesgo alto después de siete meses libres de covid.
Más de medio año en que los centros han estado tranquilos pero no en plena normalidad, ya que la relajación de medidas nunca llegó al cien por ciento, no solo por tratarse de un colectivo frágil sino también por la elevada proporción de las plantillas que aún no se había inmunizado.
En mayo el Consell de Govern aprobó el decreto que modifica la Ley de Salud Pública de Balears (publicado en el BOE del 13 de julio) y añade un nuevo artículo sobre la adopción de medidas preventivas en situación de pandemia o epidemia. En uno de sus apartados permite a las autoridades sanitarias autonómicas adoptar medidas como la vacunación obligatoria de determinados colectivos que se deben definir, algo que el Govern no ha hecho.
El personal sanitario y sociosanitario, por estar en contacto directo con pacientes y con un colectivo de riesgo ante la covid-19, como son los ancianos y personas vulnerables, entra dentro de esos colectivos a los que, en otros países de la Unión Europea ya se les está imponiendo la inmunización. El Govern aún no ha tomado una decisión al respecto y de momento la vacuna sigue siendo voluntaria, pese a que se realizan llamadas constantes a estos profesionales para que se inmunicen.
La consellera de Bienestar Social, Bàrbara Torrent, afirma que se ha ido vacunando más personal, a medida que hay más gente inmunizada y más sensación de seguridad. Para Torrent esa es la clave, «generar la máxima confianza y seguridad para no tener que llegar al punto de obligar».
La consellera asegura que es un tema controvertido y que entiende las dos posturas del debate pero añade «si yo soy una trabajadora de 36 años y me contagio puedo tener una covid leve, pero si se la paso a un anciano puede peligrar su vida». Por ello insiste en la llamada a la vacunación de todos los trabajadores, «es bueno para el colectivo y para su propia salud».
Els sanitaris i personal de hospitals, clínicas, residencias i geriatrics heurien de estar obligats