Las estrecheces económicas del Club Marítimo de Mahón se derivan, en buena parte, de disponer de muy pocos amarres para explotar en el puerto. Una aspiración de futuro de la entidad social y deportiva es poder concursar para obtener la concesión de los pantalanes ubicados frente a su sede, con los que trabaja la sociedad Trapsayates a través de la marca Marina Mahón.
Pero el futuro inmediato de estos amarres es una incógnita. Ahora y desde diciembre de 2017. En aquellas fechas Autoridad Portuaria de Balears acordó la revocación de la concesión por un incumplimiento del pliego de condiciones en una cesión de activos. En julio del año siguiente, 2018, Puertos dio un plazo de tres días a Trapsayates para desalojar los 165 amarres.
Desde entonces todo han sido idas y venidas, autos, sentencias, recursos y más apelaciones, con la única constatación efectiva de que Trapsayates cumple ya su cuarto verano de plena actividad en los pantalanes desde que se ordenara la revocación de la concesión. Según algunas fuentes, el caso no está parado. Se van emitidiendo fallos y decisiones por parte de los tribunales, algunos más o menos recientes, pero no hay ahora mismo nada en firme para forzar la salida de Trapsayates.
Mientras tanto se aproxima el final de la concesión. Esta se firmó por 14 años y diez meses, que expiran a finales de 2023. Si no resuelve antes un juez de forma definitiva, a la empresa le quedan otros dos veranos de actividad en los citados 165 amarres. Entre el desalojo, de producirse, y la resolución del nuevo concurso público de adjudicación de la concesión se podría optar por alguna fórmula de cesión temporal. Todo está por ver.
Este es el país de tócame Roque. La justicia aquí es lentísima o muy rápida, dependiendo del asunto que se trate y de quién o qué empresa, entidad, institución, esté involucrada. Todos los años destinamos cientos, miles de millones a cuestiones absurdas, innecesarias e improductivas. En cambio, temas clave para el país, como ampliar de forma suficiente los presupuestos generales para Justicia, Sanidad, Energía, Infraestructuras, etc. están siempre bajo mínimos. Si algún extranjero lee hoy esta noticia y se percata de cómo van aquí los asuntos legales que afectan directamente los intereses económicos de empresas y particulares, que pueden irse al garete mientras esperan una resolución judicial definitiva, pensará y con razón que España es el tercer mundo, al nivel de África subdesarrollada, más o menos.