La carretera general, y en concreto la incertidumbre sobre el convenio con el Estado por el que debe financiarse esta obra, será motivo de debate en el pleno del Consell del lunes a raíz de dos propuestas de PP y Ciudadanos.La consellera de Movilidad, Francesca Gomis, asegura que las cuestiones que reclaman estos dos partidos en sendas iniciativas no son asumibles por el equipo de gobierno.
Gomis explica que los tiempos administrativos convierten en imposible tener un convenio firmado dentro de este año, como pide el PP. «Ni que hubiera un acuerdo total entre las partes». La consellera tampoco acepta exigir una dotación mínima de 8 millones de euros para 2022, «necesitamos 3 millones, no más, no pediremos lo que sabemos que no podemos ejecutar». Rechaza que este dinero acabe procediendo de la compensación del factor insular.
Sobre la negociación del nuevo convenio, algo que ahora pasa también por el Govern, Francesca Gomis admite que «estamos sorprendidos y decepcionados» con el Ejecutivo autonómico, puesto que hace unas semanas se envió por vía oficial un requerimiento a las consellerías de Hacienda y Movilidad para abordar la cuestión de forma conjunta «y ni nos han contestado, no nos han dicho absolutamente nada, y es oportuno definir una estrategia conjunta». Sobre las propuestas de Ciudadanos, Gomis comenta que no hay nada que consensuar con los ayuntamientos porque el convenio se ciñe a la reforma de la ‘general' y que ahora mismo no se puede garantizar una cantidad en los próximos presupuestos del Consell.
En cuanto a las obras de la primera fase del tramo Maó-Alaior, Gomis comenta que el Consell dispone ya del informe favorable de la Comisión Balear de Medio Ambiente y que últimamente se trabaja ya en la aprobación definitiva del proyecto, que debe dar paso en breve al inicio de la licitación. Las obras podrían empezar el primer trimestre de 2022.