El 18 de diciembre acaba el plazo en el que el Ayuntamiento de Maó puede otorgar licencias para nuevas construcciones en Cala Llonga. A partir de ese día se debe aplicar la prohibición establecida por ley autonómica, salvo que in extremis se dé con el modo de evitarlo, de levantar viviendas en este núcleo residencial por no disponer de una red de alcantarillado activa. Los supuestos para prolongar la moratoria se han agotado ya aquí.
Para reducir el volumen de propietarios de solares perjudicados por esta circunstancia, el equipo de gobierno ha acelerado la concesión de permisos para obra nueva en este núcleo residencial, como ya hizo en Binixíquer y Canutells. Este martes se tramitaron cuatro. Desde el pasado 13 de septiembre se habrán resuelto así licencias para levantar 17 viviendas en Cala Llonga, 12 de ellas con piscina. De estas, 14 se habrán autorizado tras conocerse los tres primeros recursos del GOB.
Y es que estas licencias están siendo recurridas por el GOB. Entienden los ecologistas que el plazo para concederlas ya se agotó, puesto que la última inversión en alcantarillado realizada en la urbanización no contempla la conexión a una depuradora. Dos de los tres primeros recursos fueron ya formalmente rechazados por el Consistorio, que entiende que sí está amparado por los supuestos de excepción de la ley, con informes internos favorables. La interpretación de la norma no es fácil. Al GOB no le convencen los escuetos argumentos del Consistorio a la hora de ratificarse en su postura, por lo que ha presentado seis recursos más a otras tantas licencias de obra nueva en la urbanización de Cala Llonga.