Més per Menorca ha anunciado este martes que ha llegado a un pacto con el Govern sobre el modelo lingüístico de la nueva ley educativa, que tiene como base el derecho de los ciudadanos de conocer las dos lenguas oficiales, tal y como garantiza el Estatuto.
De este modo, la ley pasa a establecer que el sistema educativo es el instrumento principal para asegurar el conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte todos los alumnos, lo que supone que los centros tendrán que orientar su proyecto lingüístico al objetivo de asegurar el conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte de todos los alumnos al finalizar la escolarización.
Según ha asegurado el diputado menorquinista Josep Castells, con este pacto «se apuesta por la autonomía de los centros educativos, sin renunciar al Decreto de mínimos que, desde hace más de 20 años, establece que se tienen que impartir un mínimo del 50 por ciento de las clases en catalán».
Castells ha remarcado que este cambio de orientación se ha logrado mediante modificaciones en los tres primeros artículos de la ley, con la aceptación de dos enmiendas de Més per Menorca que han sido aceptadas por la ponencia que debate el proyecto de ley de Educación.
El diputado menorquinista ha justificado la necesidad de adoptar los cambios propuestos, ya que «la orientación del modelo lingüístico educativo basado en los derechos que garantiza el Estatuto a los ciudadanos hará que la nueva ley sea menos vulnerable a la impugnación que, sin ningún tipo de duda, se hará de la ley ante el Tribunal Constitucional».
«Apostamos por un modelo más flexible y adaptado a las necesidades de los alumnos», ha dicho Castells, quien ha añadido que «la clave de vuelta del sistema no es la imposición de una determinada cuota, sino el cumplimiento de un mandato del Estatuto de Autonomía».
Además, los menorquinistas también proponen que la evaluación y la inspección de los centros tenga en cuenta el cumplimiento del proyecto lingüístico del centro y los objetivos para asegurar el conocimiento de las dos lenguas por parte de todos los alumnos.
«Hasta ahora el Decreto de mínimos exigía impartir un mínimo del 50 por ciento de las clases en catalán, pero no había un control efectivo del cumplimiento de esta norma en todos los centros», ha asegurado Castells.
En este punto, ha señalado que con los cambios que Més per Menorca ha pactado con el Govern, si la inspección detecta que los alumnos no logran un conocimiento satisfactorio de ambas lenguas oficiales, será necesario modificar el proyecto educativo del centro".
Asimismo, desde Més han defendido esta medida como una política de cohesión social. «Es necesario que todos los alumnos tengan la oportunidad de aprender tanto catalán como castellano, puesto que es la única manera de avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos independientemente de su origen», lo que según los menorquinistas «no garantiza actualmente el sistema educativo».