La moratoria turística crea división de opiniones en Menorca

José G. Díaz Montañés, vicepresidente de CAEB: «La supresión por decreto es el fracaso de la política»

José G. Díaz Montañés, vicepresdiente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), considera que la decisión del Govern tiene un fundamento positivo pero el Ejecutivo de Francina Armengol ha errado en el procedimiento adoptado para llevarlo a cabo.

«Aplaudimos que se institucionalice lo que desde el sector turístico hemos estado trabajando durante años en relación a la sostenibilidad», explica el empresario hotelero. Recuerda, por ejemplo, que la iniciativa de la circularidad a la que hace referencia el Govern en el decreto ley «ha sido de 13 empresas hoteleras en el seno de la Fundación Impulsa». Añade, además, que desde su sector se ha insistido igualmente desde hace años en trabajar «por la prosperidad social y económica de nuestra sociedad», como refleja el texto aprobado por el Govern.

Sin embargo. Díaz Montañés, precisa que «no estamos de acuerdo en cómo se ha gestionado el proceso en su conjunto», en referencia a la falta de diálogo y consenso. Por eso enfatiza que «la suspensión por decreto es el fracaso de la política».

Miguel Ángel Sicilia, presidente del Colegio de Aparejadores: «La norma causará un impacto directo en la inversión futura»

La moratoria tendrá consecuencias negativas en la Isla, estima Miguel Ángel Sicilia, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Menorca.    «Causará un impacto directo en la inversión futura;quien pensaba invertir en una vivienda vacacional para alquilarla en el mercado no lo hará». Explica Sicilia que «luchábamos para que dejaran hacer en zonas no turísticas, como Cala Llonga o Binixiquer, por eso esta moratoria afectará a los nuevos inversores».

        El decreto ha causado «sorpresa por las formas, se aprueba sin consenso social ni político, no se esperaba, aunque no afectará a lo que estaba en trámite».

Profesionales del sector «que nos quejábamos por el retraso en las licencias vamos a perder los proyectos. Mañana será un fastidio llamar a los clientes para decirles que no hemos llegado a tiempo aunque entiendo que se debe hacer así para evitar una avalancha de peticiones en el último momento». Pero el hombre, por naturaleza, «buscará soluciones lo que favorecerá el mercado incontrolado».

Enric Taltavull, presidente insular del colegio de arquitectos: «Es una pena que no haya una regulación única para todos»

Enric Taltavull, presidente de la demarcación de Menorca del Colegio de Arquitectos considera que hay aspectos positivos en el nuevo decreto que regula el crecimiento de plazas turísticas, aunque en una primera valoración, estima que se ha perdido una ocasión para conseguir una línea de actuación que iguale a todo el sector.

        «Creo que aporta conceptos nuevos, como economía circular, el tema de la gestión de residuos que valoro positivamente, aunque mantiene líneas de pensamiento de la ley anterior».Subraya que el decreto no varía cuestiones importantes como «que sigue permitiendo ampliación de hoteles sin parámetros urbanísticos por lo que crea un    marco jurídico diferente. Es una pena que no haya una regulación única para todos».

      En su opinión «todo esto es consecuencia del mal funcionamiento de la tramitación de permisos», porque «la industria turística no puede soportar los retrasos».

No prevé un perjuicio en cuanto a proyectos, «lo desconozco, pero no creo que sean demasiados porque la inversión turística es una parte muy pequeña aquí».

Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB: «Es positivo y traslada la responsabilidad al Consell para decidir el modelo»

Es un paso interesante y es positivo porque el gran incremento turístico de los últimos años venía del alquiler turístico», valora Miquel Camps, coordinador de política territorial del GOB. Recuerda que «Menorca ha hecho los deberes en el crecimiento urbanístico pero no los había hecho para evitar que lo ya construido se convierta en turístico». Esta era la consecuencia de que «aumentara la masificación e incidía en el incremento del precio de la vivienda».

        En general, por tanto, sostiene que el nuevo decreto «es positivo y lo que hace es trasladar la responsabilidad al Consell para definir el modelo que queremos».

      El decreto ley que impone la moratoria para crear nuevas plazas en el plazo de cuatro años, «es necesario para poder tener las herramientas que el Consell debe utilizar y con ellas decidir cualitativamente qué nuevas plazas quiere, cómo las quiere y hasta dónde podemos llegar». El GOB seguirá insistiendo en que «aumenten las inspecciones», ante el posible incremento de la oferta ilegal de alquileres turísticos, «pero no creemos que la ley haga que crezca más de la que ya existe».