Menorca despide la Semana Santa con la sensación –ratificada por los datos de la programación aérea– de que la actividad turística se ha reanimado, con datos de pasajeros previstos incluso superiores a los de antes de la pandemia; sin embargo, algunos sectores como el de las viviendas vacacionales aseguran que la gran mayoría de casas con licencia no han abierto para este periodo vacacional, a la espera de que se animen las reservas. La que no parece cerrar en ningún momento es la oferta ilegal de alquiler turístico, que siguen abundando en las principales plataformas, según ha podido saber este diario, con un alto nivel de ocupación.
«Nosotros no hemos abierto en Semana Santa», explicaba ayer el presidente de la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas de Menorca (Viturme), Javier Pons, quien explica las conclusiones a las que han llegado en una asamblea celebrada recientemente: «Ninguna de las empresas ha abierto en Semana Santa, como mucho una que tiene 150 viviendas ha abierto cuatro», explicaba a modo de ejemplo, mientras ofrecía el suyo propio, con 300 viviendas y ni una de ellas comercializándose en este momento.
Con un porcentaje muy reducido de la planta hotelera tradicional abierta y con el poco peso específico que tiene la oferta alternativa, como son los agroturismos, los hoteles rurales y los llamados hoteles de interior, ¿dónde se ha alojado el volumen de turistas que ha llegado esta Semana Santa? Pons asegura que obviamente hay particulares que han decidido abrir sus casas con licencia, y está claro que también muchos de los turistas se han alojado en segundas residencias o acogidos por familiares y amigos, pero otra parte de la demanda la ha cubierto la oferta ilegal, muy variada para estas semanas en páginas como Airbnb, donde estos días ha abundado la oferta irregular.
Pisos en los centros urbanos, chalets con piscina, habitaciones privadas en viviendas particulares e incluso remolques aparcados en un jardín constituyen la variada oferta que se ha podido encontrar estos días, con un gran rango de precios que en algunos momentos llega a equipararse a de alojamientos hoteleros. Mientras tanto el Consell ha abierto en lo que va de año un total de siete expedientes, todos ellos por sanciones consideradas muy graves. El año pasado inició 24 y en 2020 fueron 17.