El pacto de gobierno en el Consell es un corsé que aprieta cada vez más y las diferencias entre los socios de izquierdas se hacen visibles. Grietas que el conseller del PP, Adolfo Vilafranca, quiso aprovechar en diferentes ocasiones a lo largo del último pleno del mes de julio, cuando en materia de transporte y vivienda se hicieron palpables las divergencias, en los votos y los discursos de los consellers de PSOE, Unides Podem y Més.
«Cada vez hablan más los tres partidos de gobierno, no estábamos habituados a verlo», aseguraba el popular mientras a su lado, Eugenio Ayuso, de Ciudadanos, asentía con la cabeza. La oposición se frota las manos y los próximos nueve meses serán cortos para desatascar los problemas de gestión que la presidenta, Susana Mora, reconoció en la Conselleria de Movilidad –ahora dirigida por Montse Morlà–, pero van a ser muy largos si están metidos ya en campaña para las próximas elecciones. Y eso es lo que parece.
Mientras la presidenta Mora restaba trascendencia a los informes técnicos desfavorables a las bonificaciones de transporte, primando «la respuesta a la ciudadanía» frente a los «tecnicismos», Cristina Gómez, de Unides Podem, se abstenía. Sus compañeros de gobierno, afirmó, ya conocían su postura, «no puedo apoyar con el voto positivo medidas que no están apoyadas en informes, puede que no preceptivos pero obviamente, sí que son importantes».
Ambas juristas, vieron la cuestión de los informes de transporte desde diferente óptica, y cargaron contra el PP por no hacer una abstención constructiva en este asunto. En todo caso los avisos jurídicos a veces unen, como les ocurrió durante la crisis desatada a raíz de la proposición de ley Menorca Reserva de Biosfera, y otras veces se obvian.
«Brindis» fue otra palabra que curiosamente dejó entrever que había mar de fondo en materia de vivienda. Bàrbara Torrent, consellera de Bienestar Social, habló por el grupo socialista y con su habitual tono tranquilo corrigió a Unides Podem, «el camino que propone solo es acertado a medias». Lo que vale, dijo, son medidas concretas, como los proyectos de vivienda pública del Ibavi y las líneas de ayudas que llegan a los ciudadanos. Podem y PSOE no se ponen de acuerdo en cómo abordar el serio problema del acceso a la vivienda que ya es evidente en Menorca, salvo en su petición de declarar la Isla como zona tensionada.
«Sabemos que hay medidas que no podemos aplicar y que son un brindis al sol», dijo con claridad Torrent, en referencia a la restricción de la compra de inmuebles a aquellos que no hayan residido al menos dos años en la Isla. Como ya había ocurrido en el Consell de Mallorca, el PSOE y la derecha de PP y Cs acabaron tumbando la idea del socio de gobierno de los socialistas, que solo obtuvo el apoyo de Més. «Brindis» fue también la palabra utilizada por el conseller Adolfo Vilafranca para calificar una medida que tachó de populista, «para hacer ver que hacen algo».
Podem cree que las ayudas al alquiler, «tienen el mismo efecto» que el descuento en los billetes de avión «cuando no se pone un tope, lo que hacen es subir el precio de salida», asegura Gómez. Viendo que se quedaba abandonada por sus compañeros de coalición, hasta en dos votaciones, la portavoz de Unides Podem en el Consell reconoció que «queremos convencer al PSOE en tema de vivienda» y que a ella le toca ‘picar piedra'.
Como la voz unísona se ha roto, los portavoces se esforzaron por darle naturalidad a sus peleas domésticas. «Yo prefiero poner el acento en las cosas que nos unen, las divergencias son normales, no lo vivimos como algo negativo», declara el conseller de Més, Josep Juaneda.
También Susana Mora insistió en que su equipo está cohesionado, aunque reconoció roces que antes se quedaban en las reuniones internas y que ahora trascienden «porque somos personas», o tal vez porque ya cada partido empieza a marcar territorio de cara a las elecciones de 2023. En la sala aún retumbaron las declaraciones del conseller Miquel Àngel Maria durante la crisis por el cese de Francesca Gomis, diciendo que Unides Podem era «un partido nulo en gestión».
El PP echaba sal en la herida y Mora tuvo que contestar «ninguno de mis compañeros es nulo en gestión» y añadió «si alguien piensa lo contrario, que lo defienda». El proceso de divorcio iniciado con la crisis de la ley de reserva sigue en trámite.