A Justo Saura, presidente de PIME y de la Asociación de Empresas Náuticas de Menorca, no teme por la entrada de actores de otras islas en la gestión del puerto de Maó, «el que tenga miedo a conducir que no se ponga al volante», dice. Entiende que es legal y el objetivo es que haya actividad en el puerto, que la gestión sea buena y que los servicios funcionen.
Sin embargo, el análisis de la situación portuaria actual le lleva a una conclusión muy crítica, «el puerto está peor gestionado que nunca. Autoridad Portuaria tiene miedo de todo, reduce los concursos al criterio del dinero, creo que ha de combinarse con otros, si no se convierte en una subasta», asegura.
Como prueba de esa afirmación contundente apunta a los sitios vacíos que hay en la rada mahonesa, mientras muchos usuarios que mantienen la tradición marinera familiar no disponen de espacio. «Han de mejorar las bases de las convocatorias que publican, son las que determinan los precios a aplicar pero también los sistemas de gestión, el personal que ha de ser contratado para prestar servicios e incluso la infraestructura además del canon de mejora, que no puede ser el único factor para determinar la mejor oferta», explica el veterano empresario.
La referencia al miedo evoca los dos procesos judiciales que se han registrado por concesiones portuarias en Maó y que todavía colean. El primero, el caso Mar Blau, está juzgado y sentenciado, pero Trapsayates, adjudicataria de los amarres de Moll de Llevant que dieron lugar a la denuncia y al macrojuicio posterior, todavía no ha abandonado la concesión.
El segundo, más reciente, nace de otra denuncia por la concesión de los amarres de cinco pantalanes de nueva instalación en el Moll de Ponent. Varios empresarios y ejecutivos menorquines aparecen en la causa, pendiente aún de resolución.
La sombra de los tribunales se proyecta ahora sobre Autoridad Portuaria, que habría optado por basar en la oferta económica los criterios de valoración para evitar nuevos problemas de esas características.
No solo para hacer negocio
Justo Saura reclama en nombre de los empresarios que representa «amarres de servicio al usuario, no solo amarres para hacer negocio, hay gente de Maó que no puede tirar los barcos al mar, estamos hablando de la gestión de un bien común», denuncia. El mensaje no es nuevo, forma parte de la vieja dialéctica de los usuarios con el ente gestor del puerto.
Las concesiones de plazo tan breve tampoco son un buen indicador de la gestión, «por una concesión de dos años como las que se están realizando últimamente, la empresa no arriesga más de lo imprescindible, por tanto no se realizan las inversiones necesarias ni otras mejoras porque no hay plazo suficiente para la amortización», añade Saura, «lo único que exigimos los empresarios son las cartas limpias y claras para jugar».
El puerto de Mahon entre todos lo mataron y el solito se murio. Quina pena tenir aquesta joia i tan mal tractada per totes ses administracions.