Más allá de las consecuencias para el sector lechero y para la economía menorquina que tiene el cierre de la fábrica de Menorca Llet, la decisión empresarial tiene consecuencias muy desagradables para una docena de familias menorquinas. Según ha podido saber este diario, los doce trabajadores que hacían funcionar la factoría envasadora se ven abocados a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en otras palabras, se quedarán sin trabajo. No se trata de un despido temporal, como los que se han popularizado durante la crisis de la pandemia.
Se trata de uno de los primeros ERES (sin t) que trascienden a la luz en Menorca en muchos años. Los empleados recibieron la noticia oficialmente la semana pasada. Ahora se abre el proceso de negociación para mirar de minimizar los daños para los trabajadores. Fuentes cercanas a la empresa –al parecer no cuentan con representación sindical– explican que se buscará proponer jubilaciones anticipadas, recolocaciones por otras plantas de la empresa propietaria, Capsa Food, en el país o incluso la reubicación parcial y muy complicada en la cooperativa Coinga, que ya tiene 40 empleados.
Cabe puntualizar que la empresa propietaria no es Coinga, que participa en la sociedad con un 33 por ciento de acciones. El 67 por ciento está en manos de Capsa Food, un gigante español del sector lechero que agrupa entre otras marcas a Central Lechera Asturiana, Llet Ato o Iberleche (Celta y Central Asturiana). Precisamente esta última sociedad es la que se encargaba de vender más del 93 por ciento de la leche de Menorca para marcas blancas en el país. El resto se vendía prácticamente solo en la Isla con la marca Coinga.