Es poco creíble que los funcionarios del Consell hayan de retornar el complemento de productividad cobrado en los últimos cinco años, pero esa pudiera ser la resolución final del Tribunal de Cuentas a la diligencia preliminar que ha abierto por el caso. El pago irregular de la productividad ha sido cuestionado sucesivamente en los últimos años por la Sindicatura de Comptes en línea también con la opinión del propio interventor de la casa.
Hacia ese final se dirige la investigación del alto tribunal, según reconoce la consellera Noemí Gomila, responsable de los servicios generales de la casa, que incluye la gestión de las cuentas. Entretanto, se afanan en buscar una solución que evite el perjuicio retributivo que supondría para una plantilla de medio millar de empleados públicos, entre quienes se ha repartido en el último lustro más de cinco millones de euros a razón de uno por ejercicio.
«Continúa latente la problemática relativa a la retribución por productividad en favor del personal de esta corporación, reiteradamente objetada por esta Intervención», señala en el informe de la cuenta general del Consell de 2021, que fue aprobada el lunes. A pesar de sus avisos, «siempre se ha resuelto de forma discordante», agrega, y, por tanto, de forma irregular y ese año se sigue pagando igual.
Recuerda en ese aviso, y lo confirma la consellera Gomila, que el Tribunal de Cuentas lo ha tomado en consideración y que tiene en trámite el análisis sobre la legalidad de estos pagos. El argumento es el mismo que el utilizado por la Sindicatura de Comptes, no puede ser un complemento lineal ni puede configurarse como «una retribución periódica regulada por el mismo régimen que las retribuciones complementarias, periódicas, fijas y objetivas», recordaba la Sindicatura.
Ahora se está pagando en función de circunstancias objetivas relacionadas con los puestos de trabajo. Ese criterio no garantiza que el citado complemento «se destine a retribuir el rendimiento especial, la actividad extraordinaria y el interés y la iniciativa con la que el funcionario lleva a cabo el trabajo», que es la naturaleza del citado complemento. Concluye la Sindicatura que ese plus de estímulo desaparece al formar parte de la nómina como pago regular.
El complemento comenzó a aplicarse como compensación al reclamado plus de insularidad. Sin embargo, la fórmula, que no se basa en el estricto factor de premiar la productividad, se ha ido consolidando con el acuerdo tácito o expreso de los equipos de gobierno de las dos últimas décadas. Ha sido aplicado, por tanto, por gobiernos de la derecha y de la izquierda sin distición con la complicidad de los representantes del personal.
Eugenio Ayuso, de Ciudadanos, libre de la responsabilidad de gobierno antes y ahora, advirtió de la anomalía y pidió explicaciones apoyado en el contundente informe del interventor.
El apunte
Solución en espera tras el demoledor informe de 2018
La Sindicatura de Comptes advierte de la irregularidad en un demoledor informe de las cuentas de 2018, cuyo razonamiento sirve de fundamento a las diligencias abiertas por el Tribunal de Cuentas. Este modelo de pago de la productividad se remonta a 2006, en 2013 se consolida y desde entonces se ha ido prorrogando cada año.
En el referido ejercicio de 2018 se repartió 1,1 millones entre la plantilla de empleados por este concepto y desde entonces, en los cuatro años siguientes, ha ido en aumento. El año pasado debía ser el último en abonarse como complemento fijo en la nómina, según la voluntad expresada por el entonces responable de las cuensta públicas, Josep Pastrana, pero Gomila confirma que la fórmula no ha variado en 2022, «aunque lo estamos tratanto en la comisión de personal, hemos pedido ayuda del interventor», dice.
Tiene claro que no se trata de perjudicar a los trabajadores privándolos de un complemento que forma parte ya de su retribución ordinaria, aunque no se descarta que les fuere reclamado si así lo dictamina el Tribunal. Han ido pasando los años y el arreglo legal de ese pago sigue esperando.