Sin papeles no hay contrato y sin contrato no hay papeles. Esta es la angustiosa realidad que viven algunas personas extranjeras que residen en Menorca de forma irregular al no conseguir los permisos de residencia o trabajo. «Me amenazaron de muerte en mi país y aun así llevo tres años sin derecho a asilo» y, por consiguiente, sin poder obtener un contrato laboral, a pesar de que ha tenido oportunidades, explica Isai, un joven peruano de 23 años que huyó de su ciudad natal, Trujillo, por extorsión mafiosa en 2019.
Allí, en el Perú, trabajaba en una empresa familiar de elaboración de zapatos de bebé. «Recibimos una carta con nuestros nombres y cinco balas», recuerda. Quienes le amenazaron acabaron detonando un explosivo en su casa y le obligaron a pagar grandes cantidades de dinero a cambio de ‘protección'. «Tuvimos que venderlo todo y aun así no nos alcanzaba», rememora Isai, que asegura que le presentaron Menorca como «la isla del calzado», ideal para conseguir trabajo —dada su especialidad laboral— y dinero.
Sin embargo, desde que llegó, esa puerta a la esperanza no ha parado de cerrarse. «Solicité la protección internacional, me dieron un NIE temporal y pude trabajar un mes», explica. Presentó todas las pruebas de las que dispone, como las amenazas y la denuncia que hizo al recibirlas, pero no fueron suficientes para renovar los permisos y se los denegaron.
Como ocurre en tantos otros casos, sus vivencias y motivos para instalarse en un nuevo territorio no casan con los requisitos para lograr el derecho a asilo. Así, sobreviviendo en la Isla en situación irregular, ha atravesado diversas dificultades y se ha visto abocado a aceptar empleos en la economía sumergida para obtener ingresos.
«He dormido en un colchón en un parking subterráneo por 50 euros al mes durante medio año», relata Isai, que mientras intentaba regularizar su situación se formaba en cursos como el de carpintería de Caritas y trabajaba en negro en la obra. Lo poco que ganaba, dice, no le bastaba para pagar «350 euros al mes por una habitación realquilada de seis metros cuadrados» que le ofrecieron.
Entre estas adversidades, en noviembre del año pasado viajó hasta Madrid, donde durmió dos días en la calle hasta poder acceder al Consulado del Perú y tramitar el arraigo social. Era, precisamente, una de las vías a las que podía acceder para regularizar su situación, al haber residido en Menorca un tiempo continuado de tres años y contar, según confirma un empresario menorquín, con un precontrato de trabajo.
Con todas las esperanzas puestas en esa oportunidad, también le denegaron el arraigo hace una semana por «no contar con un curso de catalán», que, según el BOIB, es un punto a tener en cuenta para renovar autorizaciones de residencia. Ahora, sus esfuerzos se concentran en apuntarse a uno de estos cursos y empezar los trámites de cero.