Las obras del tramo Maó-Alaior de la carretera son espejo del principal enfrentamiento político de la última década, pero lo son también de una pésima gestión presupuestaria. Diez años después del inicio de obras se ha ejecutado el 30 por ciento del trazado y se ha consumido el 85 por ciento de los fondos que el convenio de carreteras destinaba para estos poco más de 10 km.
Comenzaron en 2014, año en el que fueron adjudicadas a la UTE Dragados-Antonio Gomila por 9.164.828 euros de presupuesto, más otro millón por dirección de obras, asistencia y otros conceptos. El cambio de gobierno al año siguiente a favor de la izquierda conllevó la rescisión del contrato.
Se había ejecutado un 19 por ciento del proyecto, por el que la constructora cobró 1,5 millones más algo más de medio millón en compensación por gastos realizados durante la ejecución de las obras, y otros conceptos, aunque oficialmente no se pagó nada por la rescisión del contrato.
Al poco de haber comenzado las obras, la UTE ya había reclamado un sobrecoste de 2,5 millones, que le fue rechazado. Era finales de 2015 y las máquinas no volvieron a la carretera hasta que se fragmentó ese proyecto y se acometió con ligeros cambios la entrada de Alaior con la rotonda actual. Esa obra fue adjudicada por 2.113.456 euros y fue realizado con un sobrecoste final de 158.528 euros.
La financiación de lo relatado ha corrido a cargo del convenio de carreteras de 2007, modificado con sendas adendas en 2009, 2011 y 2014. Hasta septiembre de 2020, fecha en la que caducó la vigencia de este instrumento financiero, se han pagado con cargo al mismo 5.247.000 euros por actuaciones en este tramo, según consta en el informe de ese año de la Sindicatura de Comptes.
Al margen del convenio, asumido con fondos propios del Consell, se están realizando las obras entre L'Argentina y la citada entrada a Alaior, 2,5 kilómetros con un coste de 3.267.239 euros.
Por tanto, cuando esta obra esté finalizada en los próximos días o semanas, se habrá actuado sobre tres kilómetros de los poco más de diez de que consta este tramo viario. El gasto total, entre lo pagado a través del convenio y esta última obra de L'Argentina suma 8.514.239 euros.
Es cierto que el paso del tiempo implica un aumento de los costes, registrado sobre todos en los últimos años, pero la demora no es imputable al convenio. Con cargo a este se han pagado también los numerosos proyectos y estudios de alternativas a los puentes aunque finalmente hayan sido descartados.
Ahora hay un proyecto en redacción que ha de incluir el derribo del puente de Rafal Rubí, pero antes debe ser aprobado el PTI para recoger el criterio paisajístico y justificar así la demolición prevista.Las expropiaciones llevadas a cabo en este tramo, y en el de Ferreries-Ciutadella, ejecutado sin contratiempos en el mandato pasado, han supuesto seis millones y han sido pagados por el convenio. Sobre la financiación de los siete kilómetros pendientes, el Régimen Especial Balear (REB) es solo una opción de momento.
Entre gobernantes ineptos y un pueblo que le preocupa más un desdoblamiento de carretera en una isla de dimensiones ridículas antes de una infraestructura que garantice por ejemplo los recursos hídricos, al abismo nos dirigimos. Eso si cuando pasen hambre… siempre podrán recurrir a comerse el asfalto.