Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, asegura desconocer la controversia que genera el obelisco ubicado en la Esplanada de Maó, un monumento erigido en los primeros meses de la dictadura militar de Franco a los caídos en su bando.
Fue preguntado al respecto esta semana durante su visita al Ateneu de Maó, y allí indicó que la nueva Ley de Memoria Democrática, en vigor desde octubre de 2022, incluye siete artículos sobre los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. No obstante, mantiene que la Ley de Memoria Histórica anterior, la de 2007, «ya establecía claramente lo que se tiene que quitar y lo que no». Ese es el texto que ha utilizado hasta ahora el Ministerio de Defensa para descartar la demolición del obelisco de la Esplanada, toda vez que ya fueron eliminadas en 2009 las alusiones a la dictadura en su placa conmemorativa.
Precisamente el Consell insular y el Govern balear, ambos con gobiernos liderados por el PSOE, habían solicitado la retirada del monumento porque es «ilegal según las leyes de la Comunidad Autónoma», como expresó el secretario balear de Memoria Democrática Jesús Jurado. En cambio, el gobierno del Estado –también liderado por los socialistas– y en concreto la ministra Margarita Robles, expresó en el Senado en mayo de 2022 que el obelisco no sería retirado puesto que «en este momento se cumple la ley». Ella se refiere a la norma estatal.
El monumento del jardín de la Residencia de Militares está dedicado actualmente con «Honor a todos los que dieron su vida por España» y luce el escudo democrático, tras la modificación y retirada de simbología y menciones al régimen. Así, dado que desde 2009 el monumento ya no recuerda solo a los caídos por el bando franquista sino a todos los muertos y no se incluye mención alguna a la dictadura ni a la sublevación militar, no incumple ningún precepto de la ley estatal, ni de la anterior ni de la nueva.
Posibilidad a medio plazo
La norma prevé en todo caso la confección de un catálogo de elementos contrarios a la memoria democrática con menciones, aunque también podrán incluirse aquellos elementos que se soliciten por las víctimas, sus familiares o entidades memorialistas en defensa de su derecho al honor y la dignidad o que resulten de trabajos de investigación. Esta es la vía que cabe explorar ahora para lograr una posible demolición.
El apunte
Derecho a la verdad, justicia, reparación y memoria
Los derechos a la reparación, a la justicia, a la verdad y el deber de memoria como garantías de no repetición, son ejes de la actual Ley de Memoria Democrática, como explicó el catedrático de Historia Contemporánea y Secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez en la charla «La lucha legal y política por la memoria de la Guerra» el jueves en el Ateneu de Maó.
Martínez destacó que el Estado asume la labor de exhumar los cadáveres de las fosas comunes, a diferencia de la ley anterior del año 2007 que la dejaba a familiares y asociaciones. Dentro del Plan cuatrienal de fosas ya se está actuando en 513 de ellas que superan las 177 de la etapa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello por quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, de pensamiento, opinión, creencia religiosa u orientación sexual entre 1936 y 1978.
La nueva ley ya en vigor declara el 31 de octubre de cada año como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura y el 8 de mayo día de los hombres y mujeres que sufrieron el exilio.