Autoridad Portuaria tiene catalogadas once edificaciones con parcela en el enclave conocido como La Solana, en la ribera norte del puerto de Maó, y Ports de les Illes recuperó hace más de tres años cuatro viviendas en la calle Governador de Fornells, en la fachada marítima. En ambos casos, el proceso de reversión fue el mismo, por ley no podían ser prorrogadas las concesiones a particulares ni ser utilizadas como vivienda, y también es similar la situación actual, avanza el deterioro mientras la respectiva administración no acierta con la definición de su destino.
En el caso de La Solana, las concesiones caducaron en 2010 y en abril de ese mismo año siete particulares entregaron las llaves sin dilación. Otros recurrieron y tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Supremo desestimaron sus argumentos. Eran en su origen casetes de vorera utilizadas en régimen de concesión por pescadores y mariscadores que con el tiempo y los nuevos usos fueron transformadas en casas de veraneo. Desde finales del siglo pasado ampararon el privilegio de vivir a pie de mar y hoy van imparables hacia la ruina.
Trece años después de aquel proceso de reversión a la administración, se van descomponiendo por la erosión y la falta de conservación. El techo de una se derrumbó, luego fue demolida, y solo las que se utilizan para la actividad mejillonera se hallan en condiciones. «Si no sabes qué hacer con ellas, prorroga la concesión de año en año y al menos se pintan, se mantienen y no dan mala imagen», comenta Magda Pons-Quintana, cuya familia fue una de las concesionarias hasta la citada fecha.
Autoridad Portuaria señala que algunas de las casetas están sujetas a cierto nivel de protección y debe concretarse el modo de proceder sobre su destino. La cesión a entidades vinculadas al patrimonio y la cultura marinera fue una de las opciones barajadas en el primer momento, pero la idea no se ha materializado.
«Que no las derriben»
El caso de Fornells es más reciente pero más visible al formar parte del conjunto urbano las cuatro casas que Ports recuperó a finales de 2019. Eran concesiones largas, «voy a cumplir 73 años y nací en aquella casa, la construyó mi padre», recuerda Araceli Roca Roselló. El suelo era portuario y pagaba el canon con puntualidad cada año, era un importe muy asequible y no le habría importado pagar más. Hay una parte sentimental y no ha superado el disgusto, «no he vuelto a pasar por allí», afirma, pero no quiere que sean derribadas, apuesta porque se dediquen a la gente mayor, «que hagan seis o siete habitaciones para que no tengan que ir a Es Mercadal», propone.
Otras dos viviendas las ocupaba la familia Millet, aunque la concesión correspondía a su mujer y la hermana de esta, herederas de Arístides Vallés, el primer concesionario. Ports intentó aprovecharlas mediante concesión en restaurante, pero nadie se interesó en la convocatoria.
El apunte
«Nos expropiaron la casa y la he visto con okupas»
Autoridad Portuaria inició a finales de la primera década de siglo el proceso de expropiación de casas, almacenes y parcelas del entorno de Cala Figuera. CLH trabajaba entonces en la construcción de un poliducto para la descarga del combustible la Estación Naval y su almacenamiento en el aeropuerto. Se trataba de dar uso portuario a aquel enclave y se previó con tiempo la compraventa del suelo. A la resistencia inicial de los propietarios y los complicados trámites expropiatorios se ha unido una administración probablemente poco diligente para decidir sobre un destino que cuenta con un proyecto surgido del concurso de ideas llevado a cabo.
Entretanto, las propiedades acumulan deterioro y afean el entorno, «nos quitaron la casa, tuvimos que irnos a vivir fuera de Maó y luego la he visto varios años abandonada y con okupas», recuerda con dolor uno de los vecinos del lugar.