La Oficina Anticorrupción recibió una denuncia en agosto de 2020 por posible pasividad municipal en un procedimiento de demolición de obras en Son Parc, en Es Mercadal. El caso fue archivado finalmente, según recoge la memoria de este organismo de 2022.
El alcalde Francesc Ametller declara que, en efecto, el Ayuntamiento fue requerido a dar explicaciones, aunque le sorprende que lo que realmente fue un contencioso entre vecinos llegara a la Oficina Anticorrupción. Recuerda que se trata de una terraza construida sin licencia por un particular y que el vecino lo denunció porque le quitaba la vista.
Dos décadas de papeleo
El asunto data de los primeros años del siglo, era alcalde todavía Ramon Orfila, y ha pasado por los tribunales, que resolvieron que la construcción debía ser demolida. Por el camino ha habido órdenes municipales de demolición y numerosos recursos a cada decisión, papeleo que ha alargado la solución final dos décadas. La demolición, tal como está sentenciado, también requería licencia de obras.
«Es un tema administrativo, no penal», entiende Francesc Ametller, quien achaca a un sistema legal tan garantista la larga resolución de casos como este. Las actuaciones de la Oficina Anticorrupción se cerraron de hecho el 6 de marzo pasado cuando el Ayuntamiento de Es Mercadal informó de la solicitud por parte del infractor de la licencia para la restitución de la legalidad y que esta se hallaba en manos de los servicios técnicos municipales para su aprobación.
El apunte
Un obsequio a un cargo del Consell y publicidad para quien donó el regalo
Otro de los casos menorquines que aparece en la memoria de la Oficina Anticorrupción responde a una denuncia anónima presentada en junio de 2020. La información acusaba a un cargo del Consell de haber recibido un regalo por razón de su cargo y hacer publicidad de la empresa que había realizado el obsequio. Como prueba adjuntaba una imagen de Instagram de la persona afectada en la que aparecía el regalo, pero «dicha fotografía no acredita que el regalo haya sido por razón de su cargo», explica la Oficina. Como la denuncia era anónima tampoco pudo requerir al informador más concreción de los posibles aspectos irregulares y concluyó el asunto con el archivo.
Donde ha mostrado más actividad la Oficina a lo largo del año pasado ha sido en el requerimiento a cargos públicos de las instituciones menorquinas por las declaraciones de bienes, renta y patrimonio, que deben tener actualizados en los portales de transparencia. Han sido 64 en total, de los que el bloque más numeroso corresponde al Consell, 16, y al Ayuntamiento de Ciutadella, 15. Solo el Ayuntamiento de Ferreries ha estado exento del incumplimiento.