El Consell es la administración española que más gasta sin contratación previa, según reveló el informe de OIReScon, un organismo del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Además, el año pasado gastó 7,9 millones a través de contratos menores. No es lo mismo, aunque de ambos casos surgen sospechas de irregularidad en la contratación.
El PP se ha centrado en el segundo de los puntos y ha propuesto la realización de una auditoría externa «para comprobar el cumplimiento en la tramitación de los contratos menores». Son aquellos de importes inferiores a 15.000 euros y tramitación más ágil.
En el debate sobre el asunto ayer en el pleno, Carlos Salgado, portavoz popular, dejó claro que no cuestiona este tipo de contratos, «defendemos el modelo, si no sería ineficiente y de gestión imposible para la administración para contratar, por ejemplo, pequeños suministros», explicó.
Lo que se perseguía con ella era dotar de más transparencia este modelo, después de los últimos casos, como el investigado por la Oficina Anticorrupción sobre la Directrices Estratégicas de Menorca y citó específicamente la contratación menor que lleva a cavo el Institut d'Estudis Menorquins (IME). «Se trata de conocer si esta contratación se está utilizando de manera irregular o sospechosa», señaló.
Apelan a la cuestión ética
A la necesaria legalidad agregó la cuestión ética, «hay contratos de Menorca Talayótica que parecen presunto fraccionamiento, solo cambia algo en el objeto del contrato», apuntó. En la propuesta se planteaba que comprendiera todo el actual mandato del Consell.
La idea logró romper la unidad del equipo de gobierno al recibir el apoyo pasivo de la consellera de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien anunció abstención no sin reprochar asuntos de investigación latentes del PP nacional.
Eugenio Ayuso, conseller de Ciudadanos, no perdió la oportunidad para apoyar la iniciativa y censurar a Gómez que no hubiera mantenido una actitud igualmente crítica durante su investigación de los contratos del IME. «La mayoría de los expedientes que he consultado están incompletos o superan el año de contrato. Año y medio me ha costado que se publiquen los contratos del IME, se está contratando de manera muy discrecional», argumentó un combativo Ayuso en esta materia.
No intervino Miquel Àngel Maria
La iniciativa quedó pronto desactivada, el destinatario parecía Miquel Àngel Maria, el investigado por el caso de las DEM, pero fue la consellera de Servicios Generales la que se encargó de la respuesta. «Los procedimientos son correctos, se pueden mejorar en términos de publicidad y transparencia», asumió Noemí Gomila.
Sin embargo, rechazó la auditoría externa tanto por el coste como por estar «suficientemente fiscalizados», arguyó. Además «implicaría más trabajo para los propios técnicos del Consell , que son los que deberían aportar información, restaría eficacia», agregó Gomila para justificar el ‘no' a la propuesta popular.
«No es de recibo que no nos dejen hacer oposición sobre la base de que todo lo hacen bien, eso es un acto de fe, que el IME sea finalmente quien informe sobre su propia investigación...», replicó Salgado. En su opinión, una auditoría garantiza que el dinero de todos «está bien gastado, ya nos parece sospechoso que voten en contra», denunció.
Ayuso se sumó a la crítica y a la decepción por el rechazo de la auditoría, «despejemos dudas, sería un dinero invertido en transparencia», dijo.
Quien se opone a que se investigue un delito, es cómplice del mismo y por lo tanto un delincuente. Nada más que añadir.