El pleno del Ayuntamiento de Alaior, primero del nuevo mandato, aprobó ayer la actualización de las retribuciones de los regidores y del nuevo cargo de confianza, encargado de protocolo y comunicación, con los votos en contra del PSOE y Avançam.
El alcalde, José Luis Benejam, pasa a tener dedicación exclusiva con sueldo bruto anual de 52.272 euros, frente a los 38.100 que tenía hasta ahora con una dedicación del 85 por ciento. El incremento sitúa al primer edil como el único de toda la corporación que tendrá plena dedicación, aunque a efectos prácticos ya se dedicaba al Consistorio en exclusiva.
Los seis regidores del gobierno tendrán una dedicación del 60 por ciento, con sueldo de 31.363 euros, salvo Maria Antònia Pons, primera tenienta de alcalde, y Eva Petrus, cuarta, que serán del 73 y del 65 por ciento, respectivamente, con sueldos de 38.169 y 33.967 euros. Sito Triay será el único sin retribución específica. El cargo de confianza cobrará 34.000 euros brutos al año.
Esta subida «no es un aumento sino que supone la actualización de las retribuciones después de ocho años congeladas», explicó Benejam, quien apeló a la libre disposición de todos los regidores en bien de Alaior a pesar de su dedicación parcial.
El coste salarial del gobierno, 290.713 euros
El gasto destinado al gobierno pasa de 194.000 a 218.000 euros, que con la seguridad social suma 290.713 euros. «Es un aumento desorbitado», señaló Toni Mir, portavoz del PSOE. Lluís López, de Avançam, dijo que las retribuciones exceden las que supondrían tres dedicaciones exclusivas, que son las máximas que puede tener este municipio.
El apunte
Intervención advierte cierta tensión por el aumento de costes en el conjunto de gastos
El PSOE se refirió al informe de intervención en relación al incremento de costes para argumentar su voto negativo. El interventor hace una advertencia por este aumento y otros gastos asumidos en 2023 en limpieza, escoleta o Centro Sant Diego, entre otros, por lo que detecta ciertas tensiones. Ante esto, estima necesario hacer un seguimiento en conjunto del gasto y disponer de una planificación a medio plazo, especialmente bajo la perspectiva de que el próximo año 2024 vuelvan a regir las reglas fiscales de la Ley 2/2012.