La Policía Local de Es Castell ha precintado este martes al mediodía los surtidores y la tienda de la gasolinera Galp en Son Vilar, en vista de que la empresa llevaba días haciendo caso omiso del decreto de alcaldía en el que se le instaba al cierre, en cumplimiento de una sentencia firme del Juzgado que declaró improcedente la licencia en septiembre de 2019. El alcalde Lluís Camps firmó el decreto el pasado día 22 y a partir de esa fecha el cierre debía hacerse efectivo pero no fue así.
El pasado lunes el propietario de la estación de servicio fue recibido en persona por el alcalde quien, asistido por el secretario, le explicó la situación. Pero a pesar de que los representantes de la empresa afirmaron que acatarían la sentencia, esta volvió a abrir sus puertas ayer a la clientela. Estuvo operativa hasta que pasadas las 13 horas los agentes de la Policía Local acudieron, no solo para levantar acta de que la gasolinera seguía abierta -como han hecho desde el día 22-, sino también para proceder a precintarla.
De no haberlo hecho la parte demandante, la mercantil Estación de Servicio Rosselló S.L., habría solicitado el precinto en 24 horas y responsabilidades personales de las autoridades y los funcionarios, tal y como afirmaron sus letrados en declaraciones ayer a «Es Diari», ya que se estaba ejerciendo una actividad cuya licencia ya ha sido anulada por la vía judicial y dilatando el cierre. Dicho paso no fue necesario. El Ayuntamiento actuó antes de que los abogados de los demandantes registraran una nueva solicitud de clausura de la estación de Son Vilar.
Reclamación contra el ayuntamiento
El dueño de la cadena de surtidores Galp Menorca, Juan López Oleo, a preguntas de este diario sobre la actividad de la gasolinera, pese al decreto de cierre, respondió que «es lo último que queremos, cerrar, porque eso implica pedir una indemnización al Ayuntamiento, negociamos para que el pueblo de Es Castell no tenga que pagar», señaló, al tiempo que amenazó con reclamar dicha indemnización «en el minuto uno» después de que se ejecute la clausura.
La cifra de dicha reclamación se desconoce pero ya en 2022, cuando el Tribunal Supremo dictó la providencia que dio firmeza a la sentencia que obliga al cierre, la empresa estimó que rondaría los dos millones de euros.
Además del cierre del negocio de suministro de combustible y del servicio de supermercado, otro efecto colateral es que cinco trabajadores pierden el puesto que tenían en Son Vilar; la empresa no ha aclarado si procederá a recolocarlos o extinguirá sus contratos. Unos empleados que han pasado unos días de incertidumbre hasta que la clausura de la estación se ha hecho efectiva, ya que hasta ayer mismo por la mañana desconocían su futuro inmediato.
«No lo voy a poner fácil»
El alcalde Lluís Camps manifestó este martes que el Ayuntamiento ha hecho cumplir el mandato judicial y que la notificación a Gasolina y Gasolis Low Cost Menorca SL (Galp) se hizo en tiempo y forma, cumpliendo el plazo de dos meses que tenía el Consistorio para abrir el expediente administrativo y hacer que se ejecute la sentencia.
Sobre la petición de una indemnización, Lluís Camps insistió en que la licencia a Galp no se concedió hasta que no tuvo los informes favorables, de hecho tardó dos años, de 2014 a 2016, y que fue un acto reglado. Defiende que la actuación municipal fue correcta y por ello afirma, ante posibles reclamaciones, que «no lo voy a poner nada fácil, defenderé hasta el último céntimo de los ciudadanos de Es Castell».
El apunte
Diez días para presentar un proyecto de demolición
El problema de Galp en Son Vilar no acaba con el precinto de las instalaciones, sino que la sentencia exige el desmantelamiento de las mismas. Además la empresa deberá presentar un proyecto de demolición en el plazo de diez días. «Es lo que pide el juez», afirmó el alcalde, Lluís Camps. En cuanto a la posibilidad, manifestada a lo largo de este litigio por la parte demandada, de volver a solicitar licencia y levantar de nuevo la estación de servicio en el mismo sitio, Camps no se quiso pronunciar. «La administración funciona por actos reglados, si la empresa presenta otro tipo de proyecto se analizará y se estudiará ,y después se actuará según lo que digan los informes técnicos», insistió el alcalde de Es Castell.