Los casos de desahucios, hace unos años sobre todo por la crisis hipotecaria y más recientemente por los precios de los alquileres, ponen en evidencia la falta de vivienda social para una respuesta rápida en casos de exclusión habitacional. No existe una red insular de pisos de emergencia, actualmente este tipo de alojamiento solo existe en Maó, Es Castell y Ciutadella; también hay un albergue u hogar para transeúntes en Sant Lluís. En total este alojamiento de urgencia y de intervención de los ayuntamientos suma 32 plazas. Estas se distribuyen entre las once de Maó, las nueve de Es Castell, y otras diez en Ciutadella, según los datos recopilados por el Consell en su documento de revisión del primer Plan de Vivienda Social de Menorca 2017-2021.
El documento está listo para ser aprobado por el Consell Executiu del Consell insular si así lo decide el próximo gobierno. A partir de datos del Observatori Socioambiental de Menorca (Obsam), de entrevistas realizadas y de la revisión documental por parte del actual departamento de Vivienda, a las 32 plazas del alojamiento de emergencia se suman las 23 de los pisos sociales de Caritas y otras 25 de las casas de acogida, 12 en Maó y 13 en Ciutadella.
Para colectivos específicos hay otras 71 plazas, que se reparten entre las 46 de la Fundació per a Persones amb Discapacitat y 25 disponibles en el circuito de protección e intervención en los casos de violencia de género. Además hay una previsión de contar con otras 24 plazas para las personas sin hogar en el Centro de Baja Exigencia en Maó, que ahora se encuentra en fase de redacción del proyecto de adecuación.
El problema del alojamiento de emergencia es, por un lado, que crece la demanda para las plazas existentes y, por otro, que la respuesta en los pisos de estancia temporal no es inmediata. En primer lugar debe haber plazas vacías, algo complicado en la situación actual, y en segundo, los periodos de adjudicación del uso de las viviendas temporales es de seis meses –según los protocolos de Maó y de Ciutadella–, un tiempo que es prorrogable siempre que exista el informe correspondiente a favor de los Servicios Sociales, justificando la necesidad.
En Maó actualmente los pisos de emergencia social, un total de seis, están todos ocupados, pero quedan plazas libres en la casa de acogida, un recurso que está dirigido a personas adultas; si se trata de familias con menores deben alojarse en los pisos, ahora mismo llenos. «Cuando se soluciona la situación de emergencia que ha provocado el ingreso en estos pisos, con la intervención de los servicios sociales y otros recursos, como son Cruz Roja, Caritas, el Ibavi, la intermediación con inmobiliarias y el departamento de vivienda del Consell, entonces se queda vacío el piso hasta que se da una nueva situación de emergencia», explica el concejal en funciones de Servicios Sociales de Maó, Enric Mas. «Desgraciadamente algunas situaciones de emergencia requieren más tiempo y la estancia se alarga», añade.
Las personas que residen en los pisos de emergencia requieren un mínimo de estabilidad para volver a encauzar su situación, de ahí que las plazas presenten una elevada ocupación y no estén disponibles en cualquier momento que surge el problema habitacional, como cuando hay un desahucio. Pero no es esta la única difícil circunstancia que tienen que afrontar algunas familias. El problema habitacional puede derivarse de siniestros, como un incendio o un techo que se desploma, por los desalojos vinculados a complicaciones económicas o, incluso, como pasó durante la pandemia, por un aislamiento sanitario de una persona sin residencia fija en la Isla.
El documento para la revisión del Plan de Vivienda Social también se refiere a los pisos del Ibavi, actualmente destinados al alquiler. En Menorca existen 323 viviendas del Ibavi de alquiler, que equivalen a 28 promociones; en esta oferta se deben incluir asimismo las viviendas de dotación, 40 en la actualidad.
Hay promociones previstas para aumentar dicha cifra en 104 viviendas de alquiler, según la web oficial del Ibavi, que por otro lado informa de que hay 441 familias o unidades de convivencia en lista de espera.
El apunte
El Servicio Insular de Red Habitacional, un proyecto pendiente
El próximo gobierno del Consell tendrá sobre la mesa la decisión de crear o no un servicio insular habitacional que incluya la oficina de asesoramiento de vivienda, el programa de alquiler ético y la red de pisos de emergencia que tenía previsto crear la consellera saliente y ahora diputada autonómica de Unidas Podemos, Cristina Gómez. La consellera en funciones de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local explica que durante los dos últimos mandatos las acciones relacionadas con la urgencia habitacional fueron proyectos piloto, bajo el paraguas de Bienestar Social, ya que el Consell no tiene las competencias en vivienda. Aún así «funcionamos bien», pero Intervención informó de que esa vía se había agotado y señaló la conveniencia de crear un servicio específico, como se hizo con el Centro de Baja Exigencia. Es un proceso largo, «el Centro de Baja Exigencia nos llevó una legislatura», explica, «porque se trata de crear algo estructural, dotarlo de personal fijo y requiere de informes presupuestarios». Gómez indica que las bases para poner en marcha el proyecto de red de pisos de emergencia, que diera respuesta a la demanda actual, «están, pero acabó la legislatura; mi opinión es que si quieren continuar lo primero será la creación de ese servicio de red habitacional que incluya los pisos de emergencia, creo que Intervención lo pedirá», concluye. La decisión corresponderá al futuro gobierno del Partido Popular y así se lo transmitirá Cristina Gómez a su sucesor o sucesora. En el nuevo organigrama, aún no constituido pero sí anunciado por el próximo presidente, Adolfo Vilafranca, no hay área de Vivienda, y Cooperación Local y Bienestar Social serían los departamentos de Simón Gornés y Carmen Reynés respectivamente.
Gómez tomó el problema de la vivienda como un asunto político prioritario y creó el programa de alquiler ético, la Oficina Insular d’Habitatge, y el Centro de Baja Exigencia para personas sin hogar que funcionará en Maó.