Con un día de retraso pero este miércoles sí se materializó el acuerdo entre PP y Vox para gobernar en Menorca, un documento que recoge 30 medidas entre las cuales no chirrían exigencias de Vox, como la transformación de la dirección insular de igualdad en la de la familia, en el Consell de Mallorca, donde tiene cinco consellers. Aquí, con un escaño, las peticiones se han moderado, y las medidas son amplias, sin entrar en la concreción en temas polémicos como la continuación de las obras de la carretera general. Ambos partidos pactan finalizar el proyecto pero no dicen cómo, aunque sí se comprometen a renegociar el convenio de carreteras con el Gobierno central. No se menciona el futuro del puente de Rafal Rubí, pero en el apartado de Cultura y Patrimonio señalan que «trabajaremos para conseguir la declaración de Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial por la Unesco e impulsaremos un plan de gestión».
En el documento firmado por los dos cabezas de lista, Dolfo Vilafranca y Maite de Medrano, se señala que el acuerdo garantizará «un gobierno estable» para cumplir con el programa y propiciar el cambio político «manifestado en las urnas el 28 de mayo». En un comunicado emitido ayer, Vox explica su postura y afirma que «ambos partidos han apartado con responsabilidad y generosidad sus propuestas de máximos para alcanzar un terreno común para un pacto que ofrezca a los menorquines un gobierno del cambio, y se centre en abordar los problemas más acuciantes de la isla».
En el ámbito de Ordenación Territorial y Turística, PP y Vox acuerdan impulsar la modificación del Plan Territorial Insular (PTI) en el sentido de que «armonice el cuidado del entorno natural, proporcionando la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo y bienestar de los menorquines»; también se pondrán en marcha mecanismos para «luchar contra la oferta turística ilegal y el intrusismo en el sector», además de lanzar un plan para la modernización de las zonas turísticas.
Sobre la Ley de Reserva, el acuerdo programático afirma que se instará su modificación, ya que debe hacerse en el Parlament balear, para que sean derogados «aquellos aspectos que generen inseguridad jurídica, que obliguen a la asunción de un gasto sin retorno o que invadan competencias de otras administraciones, asegurando una financiación adecuada para la realización de inversiones en materia de medio ambiente».
PP y Vox establecen asimismo medidas de apoyo al sector agrario y ganadero, así como a las cofradías y el sector pesquero menorquín. En materia lingüística, el pacto establece que «garantizaremos la libertad». En este sentido se acuerda la modificación del Reglamento de Usos Lingüísticos de la institución «con el objetivo de garantizar la libre elección de nuestras lenguas oficiales en los trámites y comunicaciones con el Consell, los ciudadanos serán atendidos en la lengua de su elección». También, en el apartado de Cultura y Educación, se acuerda fomentar «sin imposiciones» el uso de «la variante insular menorquina».
El apunte
El trato más tardío, silencioso y sin testimonio gráfico de la firma
No ha habido escenificación del pacto entre PP y Vox para formar gobierno en el Consell de Menorca, ni apretón de manos ante las cámaras, como en Mallorca, entre los protagonistas. La discreción ha sido la máxima durante toda la negociación, el acuerdo se retrasó y ha sido el último en concretarse y por voluntad de las fuerzas políticas, no hay imagen de ese encuentro que se produjo ayer por la tarde para firmar el documento programático. La única foto que interesa es la de la sesión de investidura del sábado. Ayer por la mañana, Vilafranca ocupaba su puesto de trabajo.