El cataclismo económico que ha supuesto para Podemos el último cliclo electoral, en el que ha perdido buena parte de su representación política, y en consecuencia de sus ingresos económicos, deja en el aire el futuro de la sede que el partido todavía tiene en la Plaza Explanada de Maó. La dirección nacional de la formación morada ya ha comunicado a sus trabajadores la apertura de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el cierre de nueve delegaciones territoriales, incluida la de Balears. Por el momento desde Menorca el partido guarda silencio absoluto, pero parece complicado que en ese contexto puedan seguir justificando el mantenimiento de un local propio en la Isla.
El partido que fundara Pablo Iglesias hace casi diez años ha seguido en Menorca un camino parecido al del resto del país, con un auténtico ‘boom' en el ciclo electoral de los años 2015 y 2016 que poco a poco se ha ido desinflando hasta llegar a la situación actual, en la que los malos resultados han supuesto una drástica pérdida de ingresos –llegan mayoritariamente de las instituciones– que el propio partido calcula que alcanzan el 90 por ciento en el nivel autonómico y el 70 por ciento en el estatal. Obviamente Menorca supone una ínfima parte de esos ingresos, pero el caso de la Isla puede servir para ejemplificar lo ocurrido.
Irrupción meteórica y caída en picado
Hace solo ocho años, en 2015, Podemos tuvo en la Isla una irrupción meteórica. Concurriendo en solitario a las elecciones al Congreso llegó a ser la segunda fuerza más votada, superando al PSOE con el 26 por ciento de los votos y a menos de 900 sufragios del PP. Ese año, unos meses antes se había estrenado en las elecciones autonómicas y locales con unos resultados que le permitieron hacerse con una importante cuota de poder. A las primeras de cambio consiguió dos representantes en el Consell, contribuyó con dos diputados a los diez que consiguió la formación en el Parlament, y en el municipio en el que concurría con marca propia, Ciutadella, logró tres concejales.
Cuatro años después y ya en coalición con Izquierda Unida, vio perder un representante en el Consell, donde solo conservó el puesto de la consellera Cristina Gómez, y un concejal en Ciutadella. En el plano autonómico mantuvo el tipo y logró dos de los seis diputados que la coalición Unidas Podemos obtuvo en el Parlament. Llegados a 2023 la situación es la siguiente. Ha perdido la representación en el Consell, ya no tiene concejales con marca propia y, eso sí, desde Menorca se ha logrado aportar el único diputado autonómico de la formación morada.
No hace falta sacar la calculadora para entender la pérdida económica que esa mínima representación supone. De la asignación de los grupos políticos en el Consell ha perdido los más de 16.000 euros que ingresaba anualmente (10.500 euros fijos y 5.500 por conseller electo), además de la asignación para contratar administrativos (cerca de 30.000 euros anuales). A nivel autonómico se estima que la formación, que ya no llega al mínimo para tener grupo propio, pierde casi el 80 por ciento de los ingresos (de 136.539 a poco más de 32.000). A esa merma hay que sumar la de las aportaciones a las que están obligados los cada vez menos cargos públicos.