El decano de los juzgados de Maó, Antonio Fernández Montells, confía que «en un plazo razonable de entre tres y cuatro meses» se pueda resolver el colapso que mantiene sin asignar alrededor de 750 asuntos civiles en la ciudad, y no cerca de un millar, como calculaban los letrados.
Fernández Montells dice «entender» la queja de abogados y procuradores, «que llevan meses sin poder tramitar las demandas ordinarias que han presentado», pero atribuye el «colapso» a la huelga, ahora diferida, que en abril convocaron los cuatro sindicatos más representativos del personal de Justicia, CCOO, UGT, STAJ y CSIF.
Según ha explicado el decano del partido judicial, uno de los dos funcionarios encargados de repartir las causas entre los tres juzgados de instrucción de Llevant se encuentra de baja y el otro ha cogido vacaciones lo que, sumado a la huelga, ha provocado el «tapón».
«Pero en modo alguno se ha afectado a los asuntos penales y a los civiles más urgentes», dice Fernández Montells, quien espera ir restableciendo la normalidad del servicio conforme vaya reincorporándose el personal al Decanato.
«En cualquier caso, no se trata de un caso exclusivo de Menorca», insiste el decano, quien recuerda que las convocatorias de huelga de los secretarios judiciales, primero, y del resto de personal, después, «afectan a toda España».
Con todo, el año judicial ha arrancado bajo mínimos, después de un ejercicio, el de 2022, en el que se agravó la dilación de las resoluciones judiciales en la Isla. Los tres juzgados de instrucción y el Penal de Maó acabaron el año con 2.504 asuntos pendientes, un 59 por ciento más que los 1.598 con que lo habían iniciado.
Por su parte, los dos juzgados de instrucción y el Social de Ciutadella se sobrecargaron un 41 por ciento, al pasar de los 1.115 casos pendientes de enero a los 1.576 de fin de año.