Los drones de vigilancia pesquera del Consell han realizado 252 vuelos entre marzo de este año –cuando comenzaron a operar–, y el pasado agosto. El servicio de vehículos aéreos no tripulados que contrató la institución en 2022 ha resultado ser una «muy buena herramienta de control» para el cumplimiento de la normativa de pesca, asegura la consellera de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull.
Los vuelos son semanales y sirven de apoyo a las labores de inspección de la pesca marítima por parte del personal del Consell, que cuenta con dos inspectores, los tres guardas de las reservas marinas (Nord de Menorca e Illa de l'Aire) y los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; estos últimos inspeccionan tanto embarcaciones y pescadores como canales de distribución de las capturas, por ejemplo en restaurantes, y colaboran en las inspecciones que realizan los técnicos del Consell. De abril a mayo esas inspecciones del Seprona son semanales y en temporada, de mayo a agosto, se incrementan a dos por semana. Además, los policías locales también están facultados para intervenir en caso de detectar infracciones.
El piloto del dron y el observador, en un vuelo de esta semana en la zona entre Cales Piques y Pont d'en Gil | Josep Bagur Gomila
La novedad de los vuelos de inspección con drones permite obtener más información sobre la actividad pesquera en general y al mismo tiempo provocar un efecto disuasorio ante las posibles infracciones, ya que los aparatos amplían la visión de la costa y permiten obtener fotos y vídeos de los posibles pescadores furtivos.
Las zonas del litoral que vigilan van cambiando, se programan poco antes de llevarse a cabo, aunque por contrato tienen que realizar un mínimo de 35 salidas a lo largo del año y con una duración máxima de cinco horas cada una. El ámbito de actuación incluye todo el litoral de Menorca y el equipo mínimo para cada vuelo estará formado por un piloto y un observador. El servicio se contrató por 15.000 euros.
Procedimientos
Tal vez sea por esa presencia de los aparatos aéreos, que desalienta a los posibles infractores, pero lo cierto es que en los ocho primeros meses del año, solo se han levantado 14 actas de infracción por pesca marítima, y se reparten a partes iguales entre la pesca profesional y la recreativa, siete actas en cada modalidad.
De las siete actas levantadas a pescadores profesionales, dos son por exceso de esfuerzo pesquero (la intensidad con la que se practica la actividad por parte del barco) y cinco son por incumplimientos en las condiciones de la realización de la pesca.
En cuanto a los siete procedimientos de sanción derivados del control de la pesca recreativa, tres son a furtivos (por no contar con la preceptiva licencia), dos son por pescar en las reservas marinas y otros dos a buceadores que practican la pesca submarina. En general, afirman desde la Conselleria de Economía, se constata un «elevado grado de cumplimiento de la normativa», teniendo en cuenta el elevado número de personas y embarcaciones, profesionales o aficionados, que realizan esta actividad en la Isla. Con datos cerrados en agosto de este año, el Consell tiene registradas 906 licencias de pesca recreativa individual en Menorca, mientras que las licencias para embarcaciones de pesca recreativa suman 423.
El apunte
El GOB celebra el uso de la tecnología, pero insiste en que hay pocas sanciones
Para los ecologistas, que en reiteradas ocasiones se han quejado de la baja actividad sancionadora en materia de pesca, el número de actas levantadas este año es bajo. De hecho están a la espera de que se cierren definitivamente las cifras de inspecciones y sanciones del año 2022, cuando el Consell informó de que se habían impuesto 26 sanciones, casi el doble que en 2021 que se cerró con 14. «Si vamos hacia atrás en la estadística había muchas más sanciones antes», señala Víctor Carretero, responsable de Medio Marino del GOB. La entidad no obstante ve como un paso adelante el uso de los drones para realizar vuelos de vigilancia. «Es muy positivo», afirma Carretero, «hace años que reclamábamos el uso de las nuevas tecnologías, ahora hace falta que se utilicen por los inspectores y que de verdad deriven en un mayor control de la pesca furtiva», declara. El ecologista recuerda el estudio de Marilles Foundation en el que se señala la pesca ilegal como un problema grave en el litoral balear.