Simón Gornés defendió este lunes la corta labor realizada por su ya ex directora insular de Proyectos Sostenibles, de quien dijo que cometió «un error sin malicia», y anunció que el PP promoverá una auditoría sobre el uso del Llatzeret durante los últimos ocho años, es decir, desde que se hizo efectivo el traspaso de su titularidad al Consell en 2015.
En su esperada comparecencia ante el pleno de la institución, aseguró que la prueba piloto para las visitas de escolares se ejecutó con su conocimiento, salvo en los detalles de la decoración, la tarta y las felicitaciones que convirtieron, según dijo, lo que era «una visita guiada con un berenar» en una fiesta de cumpleaños que le costó el puesto a Marta Febrer. La directora «se equivocó» pero para el conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación fue «un hecho inocente» aunque «no aceptable», algo que él no habría permitido, dijo, de haber sabido cómo se iba a desarrollar esa parada para el almuerzo, «nadie me advirtió de la forma, tampoco a ella», deslizó, para criticar a continuación que se publicara en los medios como «un fiestorro y no fue así».
La visita está ahora disponible para los centros docentes, dentro del Programa de Salut Jove i Cultura, y cuatro colegios la demandaron «en 24 horas», apuntó el conseller, quien también señaló que la idea había partido de la administradora del recinto, quien elaboró un informe sobre la iniciativa y que Marta Febrer se la expuso a mediados de agosto con la idea de ponerla en marcha este mismo curso.
Sus explicaciones no convencieron al PSOE y Més, impulsores de la solicitud de comparecencia de Gornés ante el pleno. Una prueba piloto de la que no se sabe cómo se coordinó con Educación, realizada en sábado, al día siguiente de que los docentes se incorporaran al trabajo el presente curso y citando «a gente de su entorno, no parece el mejor criterio», insistió la consellera del PSOE, Bàrbara Torrent, «no se entiende que se haga una prueba así deprisa y corriendo», dijo.
Por su parte, Josep Juaneda, de Més, criticó a Gornés por intentar «maquillar» unos hechos «claros», utilizar «unas instalaciones públicas para una fiesta privada, no sabemos si hubo solicitud de uso», al tiempo que recordó que la licencia del Ayuntamiento de Maó ampara las peticiones de entidades o actividades culturales y de formación como congresos, cualquier otro uso necesita, recordó, un permiso para una actividad no permanente, «eso no ha quedado resuelto con su respuesta», dijo Juaneda, quien tampoco se dio por satisfecho con las explicaciones sobre el proyecto, «¿quién lo redacta y por qué van amigos y familiares, qué criterios se usan y por qué se hace fuera del horario lectivo y el curso escolar, esto no tiene ni pies ni cabeza», concluyó.
A partir de ahí la intervención de Simón Gornés, en el turno de respuesta, se volvió mucho más áspera. Ya lo había advertido al inicio del debate cuando preguntó a la oposición si estaban seguros de querer su comparecencia y también cuando, al acabar su primer turno, finalizó con un «el que esté libre de pecado que tire la primera piedra». Porque a continuación comenzó a enumerar déficits en la gestión de Llatzeret en estos últimos ochos años, todos bajo gobierno de la izquierda, y no escatimó adjetivos para definir la situación que según él, se ha encontrado el PP: un recinto «desordenado», «descuidado», con problemas en la coordinación del personal e incluso de las relaciones laborales, «intolerables faltas de profesionalidad» que daban una mala imagen ante los usuarios; «faltas de respeto entre los trabajadores» y situaciones como «un año y medio» sin el enrole o formalización administrativa del embarque ante Capitanía Marítima de los tripulantes de la barcaza; una depuradora «que no funciona correctamente desde hace años» y un filtro verde «sin tramitar desde 2022», además un vertedero, dijo enseñando la foto a los consellers, dentro del enclave declarado Bien de Interés Cultural desde 1993. Además aseguró, antes de anunciar que se promoverá una auditoría de estos últimos dos mandatos, que entre agosto y diciembre de 2022 todas las actividades y eventos, junto con sus comidas, picoteos o cenas, se habían realizado sin la pertinente licencia municipal. Una acusación que sorprendió a Juaneda, quien dijo que existía un anexo al permiso municipal y que esas «no eran comidas o cenas privadas sino derivadas de las actividades. Es grave que intente esconder las dudas acusando de irregularidades con medias verdades o directamente mentiras», afirmó.
Por su parte, la consellera de Vox, Maite de Medrano, señaló que con Febrer «se dio ejemplo de inmediato» con su cese fulminante, y acusó a la izquierda de tener «una doble vara de medir, para algunos tienen el beneficio de la duda y con otros van a saco, cacería mediática y en plan inquisitorial». De Medrano consideró «improcedente» la actuación de Febrer pero alabó la rápida decisión de Vilafranca, «eso es ejemplaridad y lo demás son rollos», dijo.
Auditoría y más es lo que hay que hacer. Demasiado se aprovechan de lo que es público para objetivos personales... quien la hace la paga Sr. Simon actúe y penalice no trate de desviar la cuestión.