La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que presentó una oferta de poco más de 10 millones de euros para quedarse con los dos bloques de pisos subastados en Maó y ganó la puja frente a otro inversor, revisará cada uno de los contratos de alquiler de la cincuentena de inquilinos que viven en el edificio una vez el Juez haya cerrado el proceso de adjudicación del inmueble y conste la titularidad de la Sareb en el Registro de la Propiedad.
Fuentes del denominado banco malo aseguran que desconocen la situación de los actuales arrendatarios y que, por eso, cuando sean los titulares del edificio irán «puerta a puerta» para saber quiénes son los inquilinos y qué contratos de alquiler tienen. Advierten desde la Sareb que muchas veces, en esta misma situación, se topan con contratos «ilegales» que no pueden regularizar de ninguna manera y que «para no dejar en la calle a nadie» les ofrecen alternativas como la venta prioritaria del piso.
Porque esa es, en efecto, la intención de la Sareb si el proceso de adjudicación del inmueble situado entre las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó finaliza a su favor: vender de manera individual las viviendas antes de 2027. Recuerdan desde el denominado banco malo que la sociedad se constituyó por un plazo determinado, hasta el 28 de noviembre de 2027, según consta en sus Estatutos, por lo que ese día debería disolverse.
En el supuesto de que los contratos sean legales, fuentes de la Sareb afirman que respetarán la duración del contrato que firmaron los inquilinos, que, en la mayoría de los casos, según ha podido saber este diario, se alargan hasta 2026, un año antes de la obligatoriedad de disolución del denominado banco malo. Si son contratos ilegales pero algún arrendatario demuestra que no tiene recursos, aclaran, se valoraría su inclusión dentro del programa social.
El Govern balear, que puede optar a la compra preferente, aún no ha dado a conocer si ejercerá el derecho de tanteo y retracto sobre esta propiedad. Comprarlos a este precio le saldría mucho más barato que hacerlos nuevos.
El apunte
La Sareb mejoró la oferta de un inversor que había pujado en la subasta judicial
La subasta judicial de los dos bloques de pisos de Maó quedó activada el 12 de septiembre y aceptó ofertas hasta el pasado 2 de octubre. El precio de salida era de 17,9 millones de euros y la puja ganadora, la de la Sareb, fue de poco más de 10 millones de euros, una cantidad inferior a la deuda reclamada, que asciende a 16,6 millones de euros.
Fuentes de la Sareb explican que participaron para «mejorar» la oferta de un inversor que había pujado en la subasta y que había presentado una oferta «demasiado baja». Hay que recordar que el procedimiento, según consta en el edicto, se inició a instancia de la propia Sareb contra una sociedad limitada con sede en Es Castell declarada fallida.
El Ayuntamiento de Maó, según consta en el último pleno, se interesó por la situación de los vecinos afectados por la subasta judicial. Los consellers de la oposición pidieron aprovechar esta «oportunidad» para ampliar el parque público de vivienda y el Govern balear aseguró que estudiaba el caso.