En siete meses, desde que la oficina del programa Regenerate para ayudar a la rehabilitación energética de viviendas se puso en funcionamiento, en marzo de este año, han entrado más de un centenar de peticiones que ahora están paralizadas. La iniciativa corresponde al servicio de Vivienda y Agenda Urbana del Consell, fue impulsada por el departamento bajo la dirección de Unidas Podemos en el pasado mandato, y es una de las afectadas por la crisis en la Departamento de Vivienda, Agenda Urbana, Innovación y Ocupación que se asignó a Maite de Medrano con el pacto de gobierno entre PP y Vox.
Para implantar y organizar la oficina de asistencia, que está en el mismo espacio que la Oficina Insular de Vivienda en la plaza Esplanada de Maó, el Consell fue beneficiario de una subvención europea de 400.000 euros –los sueldos del personal para cuatro años–, pero esta era finalista y condicionada: «por cada euro había que movilizar otros quince en inversión ciudadana, tanto de particulares como de administraciones», recuerda la ex directora insular de Vivienda, Carla Gener. Esto es, seis millones de euros de inversión público-privada, algo que los anteriores responsables del área veían factible, «estábamos seguros de que se podría conseguir», afirma la exconsellera Cristina Gómez.
Ahorro energético
El objetivo del proyecto Regenerate es impulsar las reformas de edificios para que hogares u oficinas ahorren en el consumo energético. En estos momentos la oficina se ha ido desmantelando, ha perdido el personal inicialmente contratado, un arquitecto técnico, una trabajadora social y una administrativa; según fuentes del departamento, ahora queda una trabajadora social que no es la que formó parte del equipo inicial. En teoría se acompaña y asesora a los interesados en la rehabilitación energética de viviendas, pero ahora se les remite a los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, ya que no hay cobertura técnica en la propia oficina. Este no era el objetivo con el que nació, el equipo inicial era proactivo y sobre todo se buscaba movilizar inversión en comunidades de vecinos de edificios de los años 60 y 70, con necesidades claras de mejorar aislamiento y confort, al tiempo que rebajar la factura energética.
Lo cobrado para implantar la oficina si esta no logra la capitalización programada habrá que devolverlo, se desconoce si son los 400.000 euros en su totalidad o solo una parte, ya que estos fondos europeos se reciben a medida que avanza la acción que se quiere implantar; son recursos que se enmarcan en las acciones para la neutralidad climática que promueve Bruselas y se denominan Project Development Assistance (PDA). Lo interesante del proyecto es que los solicitantes pueden beneficiarse de ayudas de los fondos NextGeneration para esta mejora en edificios que reduce la factura energética y las emisiones, y el posible perjuicio es que ese centenar de solicitantes interesados en rehabilitar se queden sin asistencia y dejen de percibir ayudas europeas.
El apunte
El proyecto piloto de alquiler ético está desmantelado desde junio
El proyecto piloto Lloguer Ètic para intentar contener el precio de la vivienda de alquiler ha finalizado. Acabó el pasado junio, por lo que desde entonces no se ha adherido ninguna vivienda más al portal de alquiler del Consell, que todavía sigue abierto en internet. El conseller socialista Eduardo Robsy se interesó por conocer el estado de esta iniciativa y presentó una serie de preguntas que la Conselleria de Vivienda respondió confirmando la defunción del proyecto que arrancó Podemos. En la web de alquiler ético figuran 24 pisos que están todos adjudicados y no hay entradas. Lo que sí se siguen presentando son solicitudes de personas interesadas en acceder al programa, algo que no sorprende tal y como está el mercado del alquiler actualmente. Son quince peticiones en total, durante todo el verano, según la respuesta ofrecida a Robsy, quien también interrogó a la consellera sobre el grado de ejecución de una partida de cien mil euros para convenios de vivienda con ayuntamientos y sobre el estado de ejecución (a 31 de agosto) de la partida de 1 millón de euros para adquirir suelo para vivienda social. La respuesta fue lacónica y concreta, el cero por ciento.