En Menorca hay, actualmente, 2.150 viviendas a la venta, de las cuales, apenas 275 lo están por un precio de venta por debajo de los 200.000 euros, es decir, una de cada ocho. Una cifra que, combinada con los bajos salarios y los contratos precarios, hace prácticamente imposible el acceso a la vivienda de los menorquines en general, y de los jóvenes en especial.
Porque la vivienda «es un activo, un depósito de valor» que queda fuera del alcance del residente, sea mediante alquiler o compra, mientras que hay un mercado copado por el alquiler turístico y las segundas residencias, en gran parte en manos del «comprador foráneo, que tiene un potencial económico muy importante», mayor que el autóctono.
Esta es una de las conclusiones que se extraen de las ponencias sobre vivienda y bienestar social celebradas en el marco de las Jornadas sobre los 30 años de la Reserva de Biosfera de Menorca. Un evento que tuvo lugar el sábado y que sirvió para compartir la exposición de conclusiones de los distintos bloques temáticos abordados durante la semana.
Precios al alza
El acceso a la vivienda es una de las principales preocupaciones en Menorca, especialmente para las generaciones más jóvenes, que se ven obligadas a destinar casi la totalidad de sus ingresos a este capítulo si quieren emanciparse y construir su proyecto de vida.
En este sentido, Laura Riera, de la Inmobiliaria Som Menorca, habló de las particularidades del mercado inmobiliario insular, donde el incremento de población, junto con la falta de pisos a la venta como primera vivienda, provoca una tendencia al alza de los precios, con alquileres desorbitados y con pocas alternativas reales para la compra.
La socióloga Montserrat Martínez, autora de un estudio sobre la exclusión residencial en Menorca, es contundente al afirmar que, en materia de vivienda, «estamos cada día peor». La economía marcada por la estacionalidad, los salarios cada vez más bajos para hacer frente a unos precios al alza y con una gran inflación, hace que cada vez haya más pobreza. «La realidad social de los jóvenes no tiene nada que ver con los boomers, que son los que mandan ahora» y que son «empleadores más precarios y más precarizadores», que no pueden mantener unos sueldos que permitan la emancipación.
Vulnerabilidad
El Observatorio DESC estima que 30.000 menorquines tendrían derecho a obtener una vivienda social, aporta Martínez, quien ve que «hay mucha gente en situación de vulnerabilidad». De hecho, hay 509 personas en riesgo de exclusión social, y seguro que «hay más, que no entran por la puerta» de los servicios sociales.
Comparó la situación de la Isla con «la riada que hubo en Sabadell» (1962), que motivó la construcción de un gran número de «casas baratas». «En Menorca ha habido una riada, tenemos que dar casas baratas a los jóvenes». Además, «se necesita un pacto entre generaciones de transferencia de capital, darles estabilidad y las condiciones para desarrollarse».
Parque de VPO
Joan Enric Vilardell, del Col·legi Oficial d'Arquiectes de les Illes Balears, apunta que en 2023, hasta agosto, se habían visado 650 proyectos, menos que los 698 con que se cerró 2022. De los 650, 130 fueron para construir nuevas viviendas unifamiliares y 115 para plurifamiliares. En cuanto a las promociones de protección oficial, la iniciativa privada no construyó ni una vivienda, y la pública 35, dato superior al de 2022, cuando se levantaron 20 pisos.
Ahí es donde el Coaib aprecia que «es imprescindible aumentar el parque de VPO y alcanzar, como mínimo, el nivel de los estándares europeos». Sobre esto, mientras en España se invierten 35 euros por habitante en vivienda social, en Europa la media es de 148.
El apunte
Vivienda, motivo de «deshumanización» de la sociedad
La cuestión de la vivienda se ha convertido en un factor «deshumanizador» a nivel social. Está ocurriendo en lugares como Menorca, marcada las últimas décadas por la estacionalidad laboral determinada por el sector turístico, con una gran cantidad de personas que antes conseguían alojamientos o alquileres razonables para los meses de verano.
Sin embargo, esa «humanidad» de antaño «ha desaparecido» y se llega a situaciones, antes impensables, como «echar de sus casas a personas mayores de 70 años, que no tienen nada, algo que con las generaciones pasadas no hubiera ocurrido, porque eran sus vecinos, su comunidad». Todo, por intentar obtener más ingresos por la vía del alquiler turístico en verano, y a empleados de la educación y la sanidad en invierno.
Así lo expone la socióloga Montserrat Martínez, quien se refiere a casos «complejos» que afrontan cada día los trabajadores sociales de la Isla, de personas que no tienen forma de acceder a una vivienda.
La tasa de vulnerabilidad se sitúa en 6,57 casos por cada mil habitantes y actualmente, en Menorca, están en uso 151 plazas residenciales de urgencia, entre casas de acogida, pisos sociales, alojamientos para personas con capacidades diferentes o del circuito de protección e intervención en violencia de género.
También hay que tener en cuenta que una gran cantidad de personas que viven en estado de okupación, en espacios no adecuados, compartiendo piso sin desearlo en situación de alquiler o realquiler, o en viviendas inseguras (locales, garajes, sin luz, sin agua, con humedades, en caravanas). Algo que «esconde el sinhogarismo» existente en Menorca y que debe ser afrontado por las instituciones. «Hay que pensar en la vivienda como un mecanismo de inserción, terapia y acción social», algo que «está fuera de nuestra cultura institucional»