El pasado miércoles, Vox registró en el Parlament balear su proposición de ley para derogar la Llei de memòria i reconeixement democràtics, que se aprobó el 13 de abril de 2018, durante el primer mandato de la socialista Francina Armengol.
La supresión de esta normativa ya figuraba en el acuerdo de legislatura alcanzado entre el PP y el partido de Santiago Abascal para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern, y los populares ya han confirmado que cumplirán su compromiso y darán soporte al texto de Vox, puesto que consideran que «hay una parte de las víctimas que no se tienen en cuenta» en la ley.
En este sentido, el portavoz popular en el Parlament, Antoni Costa, aseguró que la norma se eliminará porque «se impuso a instancia de parte», aunque anunció que se mantendrá la Ley de Fosas (2016), que ampara la búsqueda y la exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, porque en este caso «sí que se aprobó con un amplio consenso».
Derogación íntegra
Aunque la derogación de la Ley de Memoria de Balears era el punto 48 del acuerdo programático de investidura firmado entre PP y Vox, hasta ahora se desconocía el alcance de los cambios legislativos que se pretendían llevar a cabo. Ahora queda claro que la intención del actual Govern es derogar íntegramente la norma, disolviendo las comisiones, organismos e instituciones de ámbito autonómico que se crearon a partir de su aprobación.
Además, se retirarán las ayudas a la investigación en materia de memoria histórica y también a las asociaciones de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. El nuevo texto también dejará sin efecto todos los procesos derivados de la norma, salvo las exhumaciones, lo que incluye las sanciones en proceso de tramitación. Asimismo, se dejarán de conceder certificados de víctimas del franquismo y de la Guerra Civil y se revisarán los diferentes censos y listados que tienen que ver con la memoria democrática.
Colocación de una piedra de la memoria. | Ayuntamiento de Es Castell
Por su parte, el Gobierno ya ha anunciado que pretende recurrir al Tribunal Constitucional las normas de las comunidades autónomas que pretendan derogar las leyes de memoria democrática, como las que ya se han aprobado en Aragón, la Comunitat Valenciana o Castilla y León, si estas normas «conculcan la Ley de Memoria Democrática de 2022 y los tratados internacionales de derecho humanitario suscritos por España».
Actuaciones en Menorca
La aplicación más visible de la Ley de Memoria Democrática balear en Menorca ha sido la retirada de la simbología franquista que todavía quedaba en distintos puntos de la Isla. En la calle Sant Esteve de Maó se retiró una placa franquista del Ministerio de la Vivienda, y el Ayuntamiento también eliminó la inscripción franquista del monumento a Alfons III de la plaza Conquesta, que se sustituyó por una cita de Ramon Muntaner. Asimismo, en Es Castell se retiró el escudo franquista y una inscripción del mausoleo dedicado a los prisioneros del barco-prisión Atlante, así como un monolito dedicado al alcalde Francisco Gimier, que incluía simbología franquista, aunque posteriormente se volvió a colocar una placa en el cementerio en su memoria.
El censo de símbolos franquistas pendientes de retirar que el Govern elaboró a partir de la ley, también incluye el monolito de la plaza Esplanada de Maó, que se levantó en 1939, y que hoy en día sigue ocupando unos terrenos pertenecientes al Ministerio de Defensa. También incluye dos vestigios en Ciutadella, una placa en la entrada de las viviendas situada en la Avenida Palma de Mallorca y una tumba con una lápida conmemorativa en el cementerio.
Además, se ha elaborado el Mapa de Fosas de Menorca, que ha servido para completar el Mapa de Fosas de las Illes Balears, y que incluye un total de 160 casos de personas ejecutadas por el bando nacional en La Mola. Sin embargo, en la Isla no se han producido exhumaciones como en Mallorca, puesto que en Menorca no hay fosas comunes perdidas.
Durante los últimos años, el Consell también ha encargado un censo de menorquines muertos como consecuencia de la Guerra Civil, que han elaborado los historiadores Josep Portella y Marc Pallicer, y que incluye a víctimas de los dos bandos. Ya se han redactado 450 fichas biográficas y quedan 250 más por elaborar. También queda pendiente la construcción de un muro de la memoria en el cementerio de Maó, al cual el pleno municipal ya ha dado el visto bueno.
De igual modo, durante estos años, y también en el marco de la recuperación de la memoria democrática, se han colocado numerosos adoquines stolpersteine, una iniciativa de carácter internacional que sirve para marcar los lugares donde vivieron las víctimas del nazismo y el franquismo.
Me parece muy bien, la Historia que la investiguen y estudien los historiadores. Y que publiquen sus trabajos para quien quiera leerlos. Nadie puede imponer su pensamiento sobre la interpretación de la historia.