La noticia de la derogación de la Llei de memòria i reconeixement democràtics, por parte de PP y Vox, ha sido recibida con desazón por la Associació Memòries de Menorca, cuyo portavoz, el historiador Miquel López Gual, asegura que les preocupa especialmente el carácter simbólico que tiene esta medida. «La Ley de Memoria Democrática de ámbito estatal de momento no la pueden tumbar, y nos sigue amparando para hacer cosas, pero simbólicamente es muy duro, porque otra vez se vuelve a negar la historia, y esta es nuestra principal preocupación de fondo, porque ahora el revisionismo ha pasado de estar en los libros de gente como Pío Moa o César Vidal a estar dentro de las instituciones», señala López Gual.
De todos modos, desde la entidad memorialista sí que reconocen que el hecho de que la ley balear quede anulada «implicará que instituciones como el Govern o el Consell dejen de colaborar en la recuperación de la memoria democrática, y se tendrá que volver a la situación de hace diez años, cuando la gente y las asociaciones se tenían que autoorganizar sin el apoyo de las administraciones autonómicas».
En este sentido, López Gual destaca que «las dos últimas legislaturas han marcado un ciclo en el cual las instituciones han empujado mucho, y durante este tiempo las Balears han pasado de estar a la cola en cuanto a la recuperación de la memoria democrática a estar arriba, porque se ha hecho mucho trabajo».
Por todo ello, desde la entidad que trabaja para preservar la memoria de las víctimas de la represión franquista en Menorca consideran que «la derogación de la ley es el precio que el PP tiene que pagar para estar en el gobierno, puesto que es Vox quien empuja y aunque los populares no estuvieron en contra de la ley en su momento, ahora se suman a su anulación».
Desde la asociación memorialista también recuerdan que la Ley de Memoria Democrática balear en su preámbulo expone un relato en el cual se reivindica el papel de las personas que defendieron las instituciones democráticas y lucharon por ellas, y «ahora, con la supresión se niega todo esto», afirman. Por todo ello, lamentan que con la derogación de la ley balear «parece que las instituciones democráticas de las Islas pongan a todas las personas en el mismo saco, a los que dan un golpe de Estado y a los que defienden la democracia».
Asimismo, López Gual considera que los partidos de derechas no se han atrevido a tocar la Ley de Fosas de 2016, «puesto que se ha hecho mucho trabajo, y se ha visto el impacto que tiene la apertura de una fosa, porque es como sacar un trauma colectivo a la superficie y sanarlo». Por todo ello, aseguran que «la igualdad en el trato de todas las víctimas pasa, hoy más que nunca, por sacar del olvido a los represaliados y perseguidos por el franquismo».