Otros cuatro municipios de Menorca seguirán el camino emprendido por Maó y Es Migjorn Gran y recurrirán también a radares móviles o fijos para sancionar los excesos de velocidad en los cascos urbanos.
Los ayuntamientos de Ciutadella, Sant Lluís, Es Mercadal y Es Castell tienen previsto adquirir en los próximos meses los aparatos necesarios para disuadir con multas a los infractores de la necesidad de reducir la circulación en los tramos más sensibles de sus respectivos municipios.
Ciutadella, que desde hace dos meses ya tiene activado un mecanismo para ‘cazar' a quienes se saltan el semáforo en rojo de la Plaça de Ses Palmeres, ha incluido en sus presupuestos la compra de dos radares, pero aún no ha decidido dónde ubicarlos.
No obstante, la idea del equipo de gobierno es que sean móviles y tengan carácter sancionador y no solo disuasivo, como ocurre con los paneles informativos que instaló años atrás en el Paseo Marítimo o los que aún mantiene en la avenida Mascaró Pasarius, antigua Vía Perimetral.
Sant Lluís, por su parte, licitará entre los meses de mayo y junio la compra de tres radares, de los que dos serán fijos y uno móvil. La alcaldesa Loles Tronch asegura que el objetivo es «pacificar» el tráfico en la Avinguda de sa Pau, donde se reciben «múltiples quejas» por la desatención que muchos conductores hacen de los paneles disuasorios instalados actualmente. Aunque la velocidad máxima permitida ahora es de 30 kilómetros por hora, el gobierno municipal propondrá a la oposición elevarla a 40.
Primer radar móvil en Es Castell
Es Castell también ultima la adquisición de su primer radar móvil, con el que el alcalde Lluís Camps pretende «aumentar la seguridad» del tráfico y «disuadir a los conductores irresponsables que incumplen el límite máximo de velocidad» establecido en 30 kilómetros por hora.
Tras estos, Es Mercadal será el siguiente municipio en contratar radares sancionadores, que complementen los paneles de advertencia que ya tiene instalados en la Vía Ronda. «Aunque tenemos nuestras dudas, creemos que pueden ser necesarios en diversos puntos, tanto en Es Mercadal y en Fornells como en las zonas de costa», dice el alcalde. Pero Joan Palliser no puede concretar aún si ya activará las medidas para este mismo verano.
Alaior ya dispone de un radar móvil, que le sirve a la Policía Local para controlar la velocidad en las zonas más sensibles del casco urbano y las zonas turísticas, sobre todo Son Bou y Cala en Porter.
El alcalde José Luis Benejam no contempla por ahora instalar ningún radar fijo, «hasta que así lo marque el criterio de la Policía», pero sí pondrá más paneles disuasorios, como los que ya funcionan en la Carretera Nova.
Más ingresos
Además de contribuir a la mejora de la seguridad vial y a que se respeten los límites de velocidad, los radares suponen un importante ingreso adicional para los ayuntamientos que los compran.
El Ayuntamiento de Maó espera recaudar este año 1,5 millones de euros en multas, hasta 900.000 euros más que en 2023 por las sanciones que ya ha empezado a imponer en la Ronda, el centro de la ciudad y en la carretera de Sant Climent.
Por su parte, el Consistorio de Es Migjorn Gran prevé ingresar 285.000 euros por la gestión de las multas de los tres radares que tiene instalados en las avenidas de Binicodrell y del Mar y el radar móvil que la Policía Local activará en la urbanización de Sant Tomàs.
El apunte
Ferreries probará primero pasos elevados y otras alternativas en la entrada al pueblo y Cala Galdana
El alcalde de Ferreries, Pedro Pons, se resiste por ahora a recurrir a la instalación de radares, aunque es un tema que dice tener «sobre la mesa» para aminorar la velocidad en diversos puntos del municipio. Alude, en concreto, a la necesidad de tomar esta u otras medidas alternativas en la avenida Jaume Mascaró, en la entrada al pueblo desde el polígono industrial, y en la zona comercial situada justo a la entrada de Cala Galdana.
De hecho, en este tramo prevé habilitar un nuevo paso elevado para peatones con el objeto de «moderar» así la velocidad de los vehículos que acceden a la urbanización.
La solución, en cualquier caso, no sería aún para este verano, ya que la inminencia de la temporada impide seguir toda la tramitación a tiempo.