El periodista Miquel Tutzó, que ocupa un cargo de confianza en el grupo de Vox en el Consell, ha renunciado este viernes al contrato menor por valor de 14.999 euros (IVA excluido) que la propia institución insular le había adjudicado, para gestionar el programa de acompañamiento digital en la Xarxa de Biblioteques de Menorca. Una contratación que, tanto PSOE com Més per Menorca habían tildado de ilegal, al no ser compatibles dos contratos con una misma administración.
El mediodía de este viernes, y «una vez elevada la pertinente consulta telefónica con la secretaria» del Consell, «he decidido renunciar a este contrato menor». Según expresa el periodista, en ese momento ha tenido conocimiento de que «efectivamente, hay una incompatibilidad entre los dos contratos, un hecho que desconocía completamente y del cual nadie me advirtió en su momento», señala Tutzó en su comunicado de renuncia que ha remitido también a «Es Diari, donde se publicó la denuncia de la oposición.
«Por este motivo —continúa el periodista— he decidido renunciar inmediatamente a este contrato, con la intención de cumplir así con la legalidad vigente».
Tutzó ha solicitado la extinción del contrato con fecha de este mismo viernes, a causa de la «imposibilidad sobrevenida, legal o material, de poder llevar a cabo este contrato».
Reacciones
Desde Més y PSOE celebraron la decisión tomada por el afectado. Aun así, unos y otros coincidieron en que «pediremos explicaciones al equipo de gobierno». Por parte del menorquinista, Josep Juaneda, porque «quien ha hecho un contrato ilegal es el equipo de gobierno y no puede quedar en una simple renuncia, el presidente debe dar explicaciones». Y según la socialista Susana Mora, porque «había una ilegalidad flagrante y esto no puede quedar así».
Es más, no dudó al decir que, en este caso, se cumple el refrán de que «’cree el ladrón que son todos de su condición’, el PP no ha dejado de crear sospechas sobre contratos donde se ha demostrado que no había nada, pero en dos días que llevan gobernando, ya han cesado a una directora insular y ahora han hecho un contrato ilegal», concluía Mora.
Por último, Juaneda defendió que «de no ser por la fiscalización de la oposición, ahora tendríamos un contrato ilegal».
El apunte
Cultura admite un «error técnico» en la contratación e iba a revocar el contrato
Apenas con un par de horas de diferencia, desde el departamento de Cultura del Consell admitían su error y anunciaron que «revisaremos y revocaremos el contrato menor». Justificaron el fallo en un «error técnico», ya que «la mesa de contratación estaba constituida por tres personas, únicamente personal técnico». Concretamente, «un técnico del departamento, de la Xarxa de Biblioteques y de la Biblioteca de Maó, con desconocimiento de la incompatibilidad del contratista». Así, concretan que «no participó ningún cargo político y los técnicos no sabían que esta persona es personal eventual». Como último dato, desde la consellería señalan que al concurso solo se presentó una oferta, que obtuvo el contrato.