La modificación del Plan Territorial Insular (PTI) que el Consell empezará a presentar, para su posterior aprobación, después del verano dará otra vía de legalización a los más de mil propietarios de casas con expedientes en curso o que sean denunciados en los próximos meses.
La consellera de Ordenación del Territorio, Núria Torrent, reiteró ayer que la idea es retocar el baremo actualmente fijado por el PTI en 90 metros cuadrados para legalizar todo lo construido que coincida con la mitad de la superficie media edificada en cada núcleo de hortals.
A diferencia del decreto, los planes especiales contemplados en el futuro Plan Territorial no establecerán prescripción ni sanción alguna. Nadie deberá pagar multas, pero sí dotarse de las infraestructuras mínimas comunes que precise cada núcleo, «excepto aceras y alcantarillado».
Pero Torrent deja claro que, «ni con el decreto ni con el PTI se van a poder construir nuevas viviendas en el campo. La legalización jurídica no comportará construir más. Lo que quedará será lo que ya hay, pero más ordenado y más eficiente a nivel medioambiental».
La consellera admite que, aún cuando el decreto permite legalizar indistintamente tanto los edificios de 75 como los de 200 metros, cuanto más tengas que adecuar más pagarás. Muchas de estas casas son una primera vivienda en la que mucha gente reside durante todo el año y es una realidad a la que no podemos seguir dando la espalda y demanda una solución».
La próxima modificación del PTI no solo contemplará cambios en la regularización de los núcleos rurales, sino también en limitar la oferta de alquiler turístico en las urbanizaciones, en base al estudio de capacidad de carga que el Consell encargó en febrero y está a punto de recibir. Al igual que el decreto, el renovado PTI precisará salir adelante con mayoría absoluta y, por tanto, sin contar con el voto en contra de toda la oposición.