Entre 3.000 y 4.000 casas construidas ilegalmente en el campo de Menorca durante estas últimas décadas se beneficiarán de la amnistía urbanística que ha decretado el Govern Prohens. Diversas fuentes, desde el propio Ejecutivo hasta la asociación de hortals, cifran en más de 5.000 las edificaciones que se han erigido en el suelo rústico de la Isla sin permiso ni control. Pero no todas podrán acogerse a lo previsto en el decreto de simplificación administrativa.
Hasta antes del cambio de gobierno, el Consorcio que asume el control de la disciplina urbanística en rústico tramitaba unos 1.200 expedientes, una cifra que no se ha podido actualizar por el problema que el Consell dice tener con el sistema gestor que engloba los datos.
En cualquier caso, al tratarse de expedientes en trámite, no pueden apelar al supuesto principal que permite acogerse al decreto: que las infracciones sean anteriores a 2016 y que, por tanto, ya hayan prescrito.
Es la situación en la que sí se encuentran las más de 3.000 construcciones restantes que, por tanto, son las únicas susceptibles de ser legalizadas con independencia de su antigüedad o de la superficie que edificaron sin permiso alguno.
Esto incrementa esencialmente las expectativas de legalización que hasta ahora tenían muchas construcciones que excedían considerablemente el baremo de los 90 metros cuadrados, el límite que el Plan Territorial (PTI) fijaba y que, sobre el papel, hubiera obligado a demoler toda sobreedificación.
La disposición adicional incluida en el decreto fija un «plazo máximo extraordinario» de legalización de tres años y exime a las construcciones beneficiadas de cumplir «las condiciones y los parámetros urbanísticos que son aplicables a las edificaciones en rústico que se llevan a cabo con licencia».
Los infractores deben presentar un proyecto técnico de legalización ante su ayuntamiento que incorpore medidas de carácter ambiental para reducir la contaminación lumínica, aumentar su eficiencia hídrica y energética y proveerse de depósitos de agua y sistemas de depuración.
Esta legalizacion extraordinaria está sujeta al pago de las mismas tasas e impuestos que se requieren a una obra nueva con licencia. Asimismo, deben «abonar al ayuntamiento una prestación económica» a modo de multa, que será del 10 por ciento del valor de la obra si se legaliza el primer año, del 12'5 si la solicitud se presenta el segundo año y del 15 en el tercero.
Ahora bien, tan solo deberán pagar la mitad si ganan menos de 33.000 euros al año o si la familia tributa menos de 52.800 euros anuales. El descuento será del 25 por ciento para quien tribute hasta 52.800 euros a título individual o 84.480 de forma conjunta. Las peticiones pueden resolverse pasados los tres años, siempre que se hayan presentado en plazo.
El dinero ingresado se tiene que destinar a la compra, recuperación, protección y gestión sostenible de espacios y recursos naturales o a la dotación del patrimonio municipal de suelo. Es por ello que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad niega que se trate de una amnistía, pues no se legalizan estos edificios «a cambio de nada».
La medida se adopta por razones ambientales (por fin a la contaminación del subsuelo), sociales (el derecho a la vivienda) y de justicia, pues «la administración ya ha mirado a otro lado demasiados años y debe afrontar el problema».
En manos de Vox
Para que la medida tenga efecto, el Consell insular deberá aprobar el procedimiento por pleno. Y como el PP gobierna actualmente en minoría la institución, la decisión depende del voto favorable de, al menos, un grupo de la oposición. El PSOE ya ha adelantado que bloqueará el decreto, que también ha criticado Més per Menorca, por lo que todo queda a expensas de Vox.