La presidenta de la asociación de hortals, Dolors Martínez, admite que la amnistía «beneficia a quien más ha construido y, sobre todo, a los que se encontraban más alejados y fuera de los núcleos rurales, que tenían más difícil la legalización», pero cree que, pese a la «buena intención» de la medida, «es empezar la casa por el tejado. Lo importante es que todos los núcleos se doten de los servicios necesarios».
Martínez lamenta que «se perjudique a los que menos habían edificado o estaban alargando los procesos administrativos y judiciales para evitar demoler sus casas o pagar las sanciones, ya que eso supone un agravio comparativo». Y, en general, se queja del «trato» que se da al colectivo de propietarios.
La presidenta no entiende las «prisas» de la administración y avisa que en los tres años que fija el decreto «no habrá tiempo para legalizarlo todo». El plazo, alerta, desborda las posibilidades reales de la administración, «que no dispone de suficientes técnicos, como tampoco hay suficientes arquitectos para tramitar las mejoras que cada casa deberá aplicar».
En este sentido, pone el ejemplo de Talatí de Baix, donde «los propietarios se habían organizado y pagado un dinero para tramitar la legalización de sus construcciones, pero han tardado cinco años en recibir la respuesta del Ayuntamiento de Maó, que les acaba diciendo que no pueden hacer nada por estar fuera de ordenación».
«Es cierto que en estos años ha habido pocos núcleos que hayan dado el paso de intentar legalizarse, pero si la administración reaccionara de otro modo, seguro que cundiría el ejemplo», dice Martínez. Por ello, propone que sea la propia administración la que lidere este proceso, «contrate un gabinete externo que haga todo el trabajo» y se ponga luego de acuerdo con los propietarios.
La portavoz de la asociación duda también que sea legal «multar a los propietarios por infracciones que ya han prescrito».