El Ayuntamiento de Sant Lluís y el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico han seguido estrategias muy distintas en el caso del parque acuático de Biniancolla. Mientras el Consistorio ha iniciado un proceso sancionador con la medida cautelar de cese de actividad, el ente urbanístico dependiente del Consell ha optado por esperar a que se resuelva el recurso de apelación presentado por la empresa ante el Tribunal Supremo.
De hecho el Consorcio inició en marzo del año pasado el procedimiento para la restitución de la legalidad urbanística, incoando expediente y nombrando a un instructor con el objetivo de forzar la ejecución de la sentencia que declara nulo el interés general del equipamiento y ordenar la demolición del parque acuático.
Sin embargo, tras recibir las alegaciones de la empresa, dos meses después dio marcha atrás y aprobó revocar la apertura del expediente, que ahora está paralizado a la espera de que se resuelva el recurso. La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, defendía ayer la postura del ente urbanístico no sin antes dejar claro que «respetamos la postura del Ayuntamiento».
Obras y actividad
Cabe recordar que la anulación del interés general del proyecto propició la anulación de la licencia de obra y actividad que había otorgada el Ayuntamiento. El Consistorio está actuando en estos momentos en la vertiente que le corresponde, la relacionada con la licencia de actividad, mientras que ha dejado en manos del Consorcio las actuaciones relacionadas con la infracción urbanística ya que esta se ha producido sobre suelo rústico y es competencia del ente mancomunado del que Sant Lluís forma parte.