«Si se mueven un milímetro de la legalidad dejaremos la vía de lo contencioso-administrativo para acudir a lo penal contra las personas que lo permitan». Es el aviso a navegantes que lanzaron ayer desde el despacho de abogados Jiménez de Cisneros, que se encarga de representar a la empresa del parque acuático de Biniancolla, después de la orden del Ayuntamiento de Sant Lluís de cerrar la instalación. «Vamos a dar batalla», explicaban tras recibir la notificación del Ayuntamiento que les obliga a cesar la actividad en dos días.
La defensa del parque acuático sostiene que ordenar el cierre de la instalación sin que se haya resuelto el recurso de apelación presentado contra las medidas cautelares del Ayuntamiento de Sant Lluís tras la anulación de la licencia supondría negar la tutela legal efectiva y generaría un daño «irreparable». Señalan que hay 126 personas que perderían su empleo y que existen un número «brutal» de reservas, algunas ya pagadas, para esta temporada. Aseguran que existe jurisprudencia reiterada que estipula que no se puede ordenar el cierre sin esperar a la resolución de los recursos.
De hecho recuerdan que el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico ya asumió ese principio cuando decidió paralizar el expediente abierto contra el parque acuático a la espera de que se resuelva el recurso presentado por la empresa. También subrayan que el propio Ayuntamiento de Sant Lluís se mostró favorable a esta postura hace apenas unos meses y ven incomprensible ese cambio de postura.
La empresa alega también que el Ayuntamiento ha incumplido los plazos legales para llevar a cabo la revisión de oficio de la licencia, proceso que arrancó a final de enero de 2022 y concluyó diez meses después, cuando el máximo es de seis meses.
Ultimátum de 48 horas
El parque acuático Splash de Bininancolla tiene que cerrar sus puertas al público en un máximo de 48 horas. El plazo empezó a contar ayer por la mañana, momento en que –aunque tenía diez días para hacerlo– la propiedad dio acuse de recibo de la notificación oficial enviada por el Ayuntamiento de Sant Lluís, que le obliga a cesar la actividad de la instalación por no contar con licencia municipal.
El Consistorio advertía ayer de que si los responsables del parque acuático no acatan la orden de cierre en esos dos días hábiles, tomará medidas para forzar su cumplimiento, como el corte de los suministros de agua y luz y el precinto de la entrada a la instalación.
La alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, defiende que el parque acuático ha abierto este año «en falso» ya que la licencia de actividad, junto a la de construcción, fue declarada nula en el mes de octubre del año 2022 y visto que el pasado mes de noviembre se rechazó la suspensión de las medidas cautelares solicitada por los abogados de la empresa, la menorquina Protume, del hotelero Luis Casals.
A pesar de que todavía está pendiente de resolución otro recurso, este de apelación, presentado por la empresa ante el Tribunal Supremo, el Consistorio defiende que no puede permitir a sabiendas que continúe la actividad del parque sin contar con licencia, mientras desde la empresa ponían el grito en el cielo y esgrimían jurisprudencia que les da la razón. Consideran que no se puede cerrar el parque hasta que no haya una resolución definitiva por los daños «irreparables» que ello provocaría.
«Sabían que no podían abrir»
«No pasa nada hasta que pasa», declaraba ayer Tronch, para explicar que el Ayuntamiento debe cumplir con las sentencias y cubrirse las espaldas ya que sería corresponsable en el caso de que sucediera cualquier accidente sin que el recinto cuente en la práctica con permiso de actividad. «Ya sabían que este año no podían abrir, pero lo han hecho», subrayaba la alcaldesa, que ha dado el primer paso firme para cerrar un parque precedido de polémica que fue inaugurado en mayo de 2015 sobre suelo rústico protegido y que ya se adentra en su novena temporada.
La anulación de la licencia integrada de obra y actividad se deriva de la sentencia del año 2018, ratificada dos años después por el Tribunal Supremo, que tras la denuncia de los responsables del parque Aqua Center de Ciutadella anula la declaración de interés general que el Consell otorgó en 2014 al proyecto. Los jueces no ven argumentos sólidos para que se exonerase los parámetros urbanísticos y se autorizase el nuevo equipamiento en suelo rústico definido como protegido por el Plan Territorial Insular de 2003.
El equipo de gobierno del Consell, entonces en manos del PP, recurrió a la Ley General Turística de 2012, que permitía construcciones en rústico en algunos casos que dinamizaran la actividad turística. Entonces desde el departamento de Ordenación del Territorio que dirigía la hoy consellera balear Marta Vidal se arguyó que el parque tenía un carácter desestacionalizador, pero ese extremo no fue aceptado por los jueces tras demostrarse que, como es lógico, el parque acuático solo abre en los meses de la temporada de verano.
Las claves
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Responsabilidad
El Ayuntamiento asegura que no puede dejar que siga abierto el parque acuático sin licencia de actividad y defiende que debe ordenar el cierre para cumplir con la legalidad y para evitar que un eventual accidente en el recinto termine salpicándole por haber permitido que esté en marcha.
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Rercurso pendiente
El parque acuático de Biniancolla se adentra en su novena temporada después de que se inaugurara en mayo de 2015 ya envuelto en polémica por la declaración de interés general que permitió su construcción en suelo rústico.
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