La propiedad del parque acuático de Biniancolla pretende legalizar la instalación a través del Plan Territorial Insular (PTI) y el Consell, que está en pleno proceso de revisión del documento de ordenación urbanística, se mostraba abierto a explorar un encaje en la normativa con el objetivo de evitar que el Splash sea demolido y que el caso termine derivando en una reclamación patrimonial millonaria para la máxima institución insular.
Fuentes de la empresa promotora han confirmado a este diario que ven una opción en el PTI actual para poder iniciar un proceso de legalización después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia que anula la declaración de interés general que le otorgó el PP en 2014 para poder asentarse en suelo rústico protegido. Sería a través del artículo 54 del documento, que regula las zonas turísticas maduras o saturadas. Con esa intención ha planteado de momento sin éxito ante el Ayuntamiento de Sant Lluís la posibilidad de redactar un plan especial que permita un cambio de uso en los terrenos.
Dicho artículo establece que en zonas declaradas como saturadas o maduras –por el momento no hay ninguna que tenga esa calificación en la Isla– se pueden llevar a cabo planes de rehabilitación turística integral que permitan el uso de suelos rústicos deteriorados que tengan continuidad espacial con la urbanización para la construcción de equipamientos de uso o servicio público, siempre que no suponga un aumento de plazas de alojamiento y cumpla con parámetros urbanísticos como que las infraestructuras, equipamientos y servicios habilitados no ocupen más del 0,5 por ciento del conjunto del área considerada como madura.
«Lo exploraremos»
Tal y como está redactado parece complicado que el parque acuático, sobre suelo rústico protegido y de explotación privada, pueda acogerse a ese procedimiento. La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, subrayaba que el anterior equipo de gobierno «tenía la posibilidad de dar una solución al problema y no lo hizo». Preguntada por las intenciones del gobierno del PP aseguró que «queremos buscar una solución y exploraremos todas las vías que se ajusten a la legalidad».
En este punto hay que recordar que en la pasada legislatura el PP ya dio algunas pistas de sus intenciones con el PTI. Entre las alegaciones que anunció especificó que quería una «mayor flexibilidad para la instalación de equipamientos en suelo rústico» e insistió en la idea del artículo 54, reclamando mayor claridad para su redactado con el objetivo de «permitir equipamientos públicos o privados en suelo rústico común y hasta en suelo protegido».