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Caso Puertos

El auto del ‘caso puertos' también señala irregularidades en la explotación de los amarres de Maó

La empresa incrementó ilegalmente las facturas de agua y luz

Algunas de las páginas del auto de la juez Martina Mora

| Maó |

Además de la concesión irregular de la gestión de los amarres del muelle de Ponent del puerto de Maó a Marina Asmen, en su auto la jueza Martina Mora señala que hay indicios de irregularidades en cuanto a la explotación de la concesión por parte de la empresa.

En este sentido, la magistrada    asegura que se han constatado «excesos extraordinarios en la facturación» a los usuarios por consumos de agua y de luz, decididos unilateralmente por la empresa y no amparados por el pliego de condiciones generales, que llegaron a multiplicar por más de diez las cantidades que podían cobrar a las embarcaciones, con lo que se falsearon las tarifas reales de amarre. Asimismo, la magistrada afirma que los investigados ya sabían que la empresa no se iba a ajustar a la tarifa máxima de luz y agua, ya que el proyecto no incluía la instalación de contadores individuales.

También se apunta a excesos de eslora de las embarcaciones con relación a los amarres, así como a la alteración de la distribución de los puntos de amarre, tanto de gestión como de taller, respecto al plano que figuraba en el pliego de condiciones, e incluso se señala que se crearon dos amarres adicionales.

Beneficio adicional

En concreto, y según el informe del perito judicial, Marina Asmen habría obtenido un beneficio adicional, sin estar avalado en los pliegos, de 131.851 euros en los dos primeros años de explotación (agosto 2018-2020).

Asimismo, el auto señala que el entonces director de la APB, Juan Carlos Plaza, y el técnico Armando Parada, eran conocedores de estas irregularidades y no consta que tomaran ninguna medida para corregir la situación, ni para incoar un expediente sancionador, con lo que a la práctica su actuación «equivale a autorizar estos exagerados cobros ilegales», lo que podría ser calificado como un delito de prevaricación en comisión por omisión.

La jueza también destaca la importancia de esta cuestión, puesto que el segundo criterio con más peso para adjudicar el concurso era el precio de las tarifas, consiguiendo Marina Asmen una mayor puntuación por ofrecer tarifas más bajas.

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