Los vecinos de Son Vitamina están en pie de guerra contra la decisión del Ayuntamiento de Alaior de hacerles pagar casi 800.000 euros por el proyecto de instalación de la red de saneamiento de la urbanización, que está a punto de ser licitado.
Una representación vecinal se acercó este miércoles al local del Servicio de Atención Ciudadana de Cala en Porter para dar entrada a una auténtica avalancha de alegaciones, en concreto 98, una media de más de una alegación por cada una de las 88 viviendas y un bar que hay en la zona. La contestación vecinal es rotunda y desde la asociación de vecinos advierten de que no tienen intención de cejar en su empeño de frenar lo que califican como un «engaño».
Más allá del contenido técnico de las alegaciones, los vecinos denuncian que el Ayuntamiento se ha desdicho del compromiso adquirido hace un año de librarles del pago de contribuciones especiales para sufragar una obra cuyo precio se ha disparado hasta los dos millones de euros solo para una primera fase. También claman contra el agravio comparativo respecto a otros núcleos urbanos como L'Argentina, donde los propietarios solo tuvieron que pagar unos 1.200 euros por vivienda, cuando ellos tienen que hacer frente a una media por finca de 6.700 euros.
Servicios jurídicos
La junta de la asociación de vecinos ha optado por contratar servicios jurídicos para elaborar unos escritos de alegaciones que abordan diversas deficiencias en el proceso y que llegan a considerar que el acuerdo del 18 de mayo por el que se aprueban las cantidades que tendrán que abonar los titulares de las viviendas de la urbanización no se ajusta a derecho y debería ser anulado.
Entre las alegaciones destaca la referida a la disponibilidad de los terrenos en los que se deben ejecutar las obras. Explican que a pesar de que el Ayuntamiento de Alaior no ha recepcionado la urbanización, sí ha incluido sus calles en el inventario municipal para poder desarrollar los trabajos, sin que haya dado una justificación para dar ese paso.
Además subrayan que en el caso de que las calles pertenezcan legalmente al Consistorio habría que pasarle la factura de todas las intervenciones de mejora que se han llevado a cabo a cargo de los vecinos y sin que el Ayuntamiento haya contribuido. «Nos tendrán que acabar pagando ellos», aseguraban ayer.
40 años
También alegan, entre otras cosas, que el Ayuntamiento ha tenido en 40 años desde la construcción de la urbanización tiempo y oportunidades de lograr financiación para el saneamiento, y que ahora acaba responsabilizando a los vecinos, que además denuncian que el proyecto no incluye en esta fase la conexión del alcantarillado a la depuradora. Ya dan por hecho que el Consistorio les hará pagar también por esta segunda fase.
Los vecinos, que también han detectado deficiencias en el proyecto, ya advierten de que no se limitarán a aceptar la desestimación de las alegaciones. Barajan ya la posibilidad de presentar un recurso administrativo y, si no fructifica, acudir a los tribunales. Alertan de que en el núcleo urbano hay personas que no están en condiciones de hacer frente a los pagos que se les reclama.
El apunte
Amenazan con una demanda por revelar sus datos personales
Junto con las 98 alegaciones presentadas contra las contribuciones especiales aprobadas por el Ayuntamiento de Alaior el pasado mes de mayo para sufragar el coste del proyecto de saneamiento de Son Vitamina, los vecinos de este núcleo urbano han presentado un escrito en el que advierten al equipo de gobierno que se reservan el derecho a presentar una demanda contra el Ayuntamiento de Alaior por haber revelado públicamente en un documento emitido a través del portal de transparencia del Consistorio los datos personales de todos los propietarios de la urbanización, algo que consideran que vulnera las garantías de privacidad establecidas en la Ley de Protección de Datos Personales.
Desde la asociación de vecinos aseguran que esta «reserva de denuncia», es una advertencia que hacen llegar a los responsables municipales desde «la buena voluntad» y que esperarán a ver cuál es la respuesta del Ayuntamiento en el proceso de valoración de alegaciones para decidir si convierten el aviso en una demanda firme ante los juzgados.
Mientras tanto el Ayuntamiento está a punto de licitar el proyecto para poder iniciar las obras cuanto antes, visto que tienen un plazo de diez meses y que existe el riesgo de perder los fondos europeos comprometidos, lo que supondría tener que devolverlos con un recargo del 20 por ciento.